El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que pretende reponer a 14.000 docentes interinos cesados, los cuales no cuentan con título profesional para ejercer la docencia. Esto pone en peligro la educación de miles de estudiantes.
«Es un beneficio particular que está primando a unos cuantos por encima de un beneficio que debe ir hacia 7 millones de niños que asisten a las escuelas públicas», dijo Marcela Benavides, presidenta de EXE (Empresarios por la Educación).
La especialista hizo un llamado a las autoridades y refirió que esta ley solo retrasaría la educación de los más vulnerables. «Este proyecto no puede pasar y el Ejecutivo lo tiene que observar«, añadió.
La presencia de maestros interinos tuvo inicios en 1984 a causa de la Ley del Profesorado, la cual autorizaba a docentes sin título pedagógico a enseñar en escuelas públicas y privadas. Esto, debido a la falta de profesionales de la educación, principalmente en zonas rurales del Perú.
En 2007 se comienza a pedir como requisito un título pedagógico gracias a la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Sin embargo, esto no tuvo mayor repercusión, ya que no era un requisito obligatorio.
Ya en 2012, con la reforma magisterial, la medida se volvió obligatoria y todos los docentes debían contar con un título profesional. Esta norma estableció un plazo de dos años para que los profesores puedan obtener un título y se presenten al concurso. De no hacerlo, serían excluidos del ejercicio público.
En 2014, Minedu realizó la evaluación correspondiente, pero del total de 14.863 profesores interinos, solo se presentaron alrededor de 5.000 y, de estos, solo 546 aprobaron el examen. Es decir, quienes no pasaron la prueba, fueron excluidos de la carrera pública.
«Después de esos años, varias veces se ha intentado hacer estos nombramientos automáticos y eso, simplemente, no se puede dar. La meritocracia que se ha luchado, tiene que permanecer y es la mejor forma para tener docentes calificados», dijo Benavides.
«Lo que van a hacer es saltarse las leyes de carrera pública magisterial que promueven que todos los ingresos y ascensos se den a través de la meritocracia. Es una manera que está petardeando a una carrera que necesita que se evalúe», finalizó.
Actualmente, Miriam Ponce, actual ministra de Educación, señaló que desde el ejecutivo planea observar dicha ley y dijo que su gestión defenderá la meritocracia.
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