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El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) la liberación del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, eso tras declarar fundado en parte un recurso de habeas corpus.

La defensa legal de Hermoza Ríos sostuvo que el exgeneral ha cumplido más de 18 años de prisión y, debido a que en 2015 fue diagnosticado con demencia senil, no puede cumplir con el propósito de una pena: la resocialización.

TC DECLARA «IMPROCEDENTE» EXTINCIÓN DE CONDENAS

Al respecto, los magistrados del TC argumentaron que su enfermedad, de carácter irreversible, destruye las funciones mentales necesarias para dicho proceso. Asimismo, señalaron que su encarcelamiento prolongado atenta contra su dignidad humana.

«En este orden de ideas, este Colegiado considera que mantener privado de su libertad al beneficiario, quien no tiene razón de la realidad por padecer de múltiples problemas de salud (demencia senil, enfermedad de Parkinson, etc.), constituye una afectación de su derecho a la dignidad, pues no tiene sentido alguno el cumplimiento de una condena cuando el sentenciado ni siquiera es consciente de ello», señala su resolución.

Sin embargo, declararon «improcedente» la solicitud de extinción de las condenas de entre 15 y 25 años de prisión que se le impuso a Hermoza Ríos por los delitos de asesinato, asociación ilícita para delinquir, desaparición forzada, homicidio calificado, colusión, entre otros ilícitos penales.

¿QUIÉN ES NICOLÁS HERMOZA RÍOS Y POR QUÉ FUE CONDENADO?

Nicolás Hermoza Ríos fue general del Ejército del Perú, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y una de las figuras más poderosas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Durante su gestión, Hermoza Ríos lideró las acciones militares contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Sin embargo, también tuvo un rol protagónico en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Por ello, en 2010, Hermoza recibió una sentencia de 25 años de prisión por su implicación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, considerados graves violaciones de derechos humanos. El tribunal concluyó que, como jefe militar, tuvo responsabilidad directa en las operaciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó bajo órdenes del régimen.

Además, en 2005, fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que desvió millonarios fondos del Estado hacia cuentas personales y adquirió lujosas propiedades.

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