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Este lunes se dará inicio al juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de cárcel en su contra, acusándolo de cohecho, un delito que implica el presunto soborno. Esta acusación deriva de supuestas coimas que Vizcarra habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua en 2013, en relación con dos obras: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua.

Según el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra habría recibido un millón de soles y el alquiler de una avioneta como soborno para adjudicar el proyecto Lomas de Ilo a un consorcio liderado por la empresa Obrainsa. En el caso del hospital de Moquegua, se le imputa haber recibido un millón 300 mil soles a través de intermediarios, entre ellos, el exministro José Hernández, quien ya fue sentenciado por cohecho. Hernández confirmó que Vizcarra lo contactó para facilitar los pagos ilícitos.

En abril, la Corte Superior de Justicia dictó auto de enjuiciamiento contra Vizcarra por estos hechos que provocaron su vacancia en 2020. La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Erwin Siccha, ha sostenido que Vizcarra está dispuesto a enfrentar el proceso. Siccha defiende la inocencia de su cliente, argumentando que no existen pruebas directas que demuestren la recepción de las coimas, y cuestionando la validez de las declaraciones de los colaboradores eficaces que acusan al exmandatario.

Por otro lado, algunos testimonios e informes apuntan a que Vizcarra también habría solicitado información privilegiada para asegurar la adjudicación de Lomas de Ilo. Según el conserje de Obrainsa, Tobías Puertas Gutiérrez, Vizcarra habría recibido dinero en la propia sede de la empresa, entregado en sobres manila por el gerente general, Elard Tejada. Esta colaboración de Tejada es una de las claves en el caso, respaldada por otros testimonios y documentos.

A medida que el juicio avanza, las aspiraciones políticas de Vizcarra parecen estar en suspenso, mientras enfrenta un proceso que podría definirse en los próximos meses. Según el fiscal Juárez, el proceso será ágil y podría concluir en cuatro meses. La defensa, sin embargo, busca la nulidad del juicio, alegando irregularidades en el proceso. Con este inicio de juicio, Vizcarra enfrenta un panorama incierto que marcará un antes y un después en su carrera política.

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