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Con el objetivo de visibilizar la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, se realizó el conversatorio “Pueblos indígenas y territorialidad: avances y retrocesos en la formalización de territorios comunales”, organizado por el Instituto del Bien Común (IBC).

Un claro ejemplo es lo sucedido en el pueblo indígena Yánesha, que sufrió el despojo de su territorio ancestral desde tiempos coloniales “En la actualidad, el pueblo Yánesha son como pequeñas islas, aisladas entre sí, rodeadas de un mar de colonos. Ellos fueron ignorados como pueblo y como ciudadanos peruanos, y siguen enfrentándose en la lucha por los territorios comunales”, afirmó Richard Chase Smith, presidente del Instituto del Bien Común.

Al respecto, Helen Figueroa, exdirectora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Midagri, afirmó que pese a los diversos proyectos de titulación no se ha podido avanzar en la titulación de comunidades nativas y el problema principal es una decisión netamente política.

“Al 21 de setiembre del 2022 tenemos 2260 comunidades nativas reconocidas, 1580 comunidades nativas inscritas y 713 comunidades por reconocer. Ha pasado un año, hasta octubre del 2023, y aún existe una brecha de 700 comunidades por titular. Es decir, se ha avanzado muy poco y es Loreto la región con la mayor brecha de titulación”, señaló Figueroa.

Sin embargo, reconoció que no existe una política nacional de actualización catastral y que al gobierno regional responde a una meta presupuestal anual y no necesariamente por sincerar las áreas de terreno. “Lo miden por cuántos títulos nuevos está entregando y en dónde. Por ejemplo, tengo una población de 50 predios y tengo otra de 500 predios, pese a que la de 50 predios tiene 30 años solicitando la titulación opto por la de 500, aunque sea más reciente, por tratarse de un tema de metas”, puntualizó.

En tanto, el antropólogo e investigador Alberto Chirif aclaró que los pueblos indígenas existen, por lo que el rol del Estado no es reconocerlos, sino hacer prevalecer sus derechos, a través de títulos. Sin embargo, los procedimientos se han complejizado enormemente mediante normas absurdas que demuestran un gran desconocimiento de la realidad nacional.

“Ya no es un proceso de titulación, sino un proceso para no titular. La propiedad comunal está siendo erosionada en forma sistemática y silenciosa. Estamos en presencia de contrabandos legales a través de normas de rango inferior, que modifican lo que está en el convenio 169 e incluso la Constitución del Estado. Estas normas han sido insertadas de manera malévola en la legislación, por lo bajo”, destacó Chirif.

Agregó que se tiende a considerar a las comunidades como predios agrarios, restándole peso y dignidad al concepto de tierra ancestral. “Se le asigna los mismos derechos que a un colono, un empresario. Este es un campo donde se debe pelear los derechos de los pueblos, pues la posesión (en el caso de los territorios ancestrales) es un derecho”.

En otro momento, la antropóloga Frederica Barclay, presidenta de Perú Equidad, abordó el tema de la visión indígena que promueve el territorio integral por pueblo indígena y la gobernanza autónoma de los mismos.“Tenemos un claro ejemplo en la iniciativa del pueblo Awajún Wampis, que concibe el territorio integral como una estrategia para hacer frente a la fragmentación que caracteriza a la figura de comunidad nativa”, enfatizó.

Sobre este tema, el antropólogo Alberto Chirif consideró que los territorios integrales pueden significar una nueva forma de gobernar los territorios indígenas. “Su futuro depende de los acuerdos internos entre comunidades colindantes. Si en este momento las comunidades se pusieran de acuerdo sobre el tema, podrían ponerlos en marcha, autogobernarse y dar sus normas. Hay espacios de autodeterminación que están siendo desaprovechados, por ejemplo, en la administración de justicia”, destacó Chirif.

Pero en lo que coincidieron tanto Barclay como Chirif es que ambas realidades, la de las comunidades y la de los territorios integrales, deben ir de la mano pues los territorios integrales no son practicables en casos donde no hay colindancia entre comunidades, como es el caso del pueblo Yánesha de Oxapampa y Asháninka en la zona de Pangoa y Satipo. 

También participó Pedro Castillo Castañeda, especialista del CEPES, quien destacó que no existe información oficial sobre estas comunidades, lo cual es equivalente a negar al sujeto del derecho colectivo, y que se suma a una política cero de reconocer derechos territoriales al sujeto colectivo.

“Esto es parte de una política del Estado que se resume en no tener política, es una falta de voluntad política. Esta es una situación clamorosa. El actual contexto global, de sequía y desastres naturales, llama a repensar el problema de la tierra, no como una mercancía. No solamente en Perú, sino en otros países, la tierra es un recurso natural, y hay que recuperarla como tal, reclamar ese recurso para los pueblos indígenas”, enfatizó Castillo.