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A pesar de las promesas del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de poner fin al comercio informal en el Cercado de Lima, el equipo multiplataforma de Latina Noticias descubrió un panorama descontrolado en el que algunos comerciantes informales, usan chalecos de asociaciones de personas con discapacidad, para desafíar abiertamente a las autoridades. 

Los jirones Andahuaylas, Ayacucho, Inambari y Santa Rosa destacan como las zonas de mayor tránsito, lo que las convierte en lugares codiciados por los comerciantes. El jirón Andahuaylas, específicamente, es el epicentro del problema. Algunos comerciantes informales, con chalecos que supuestamente los indican como parte de una asociación de personas con discapacidad, se aprovechan de la normativa para vender sin fiscalización, incluso en rubros riesgosos.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

Recorrimos durante varios días el Lima y lo que encontramos fue una gran cantidad de comerciantes informales. Dentro de este gran grupo, algunos con chalecos llamaron nuestra atención. Varios de estos informales, supuestamente pertenecientes a asociaciones de personas con discapacidad como una de siglas «D.E U.P», han sido captados vendiendo productos sin cumplir con las normas de sanidad, invadiendo el espacio público y desafiando la fiscalización municipal.

La situación se agrava ya que el alcalde, Rafael López Aliaga, mencionó en diciembre que no supervisará a 1500 comerciantes informales que tienen carnet de CONADIS en el cercado de Lima:

«Hay 1500 ambulantes que tienen su certificado de CONADIS, yo no puedo moverlos porque es CONADIS, personas con discapacidad y tienen sus sitios ya preestablecidos, yo tengo que respetar eso».

Sin embargo, especialistas en la materia advierten sobre el peligro de generar estos permisos pues vulneran la propia norma de la municipalidad y abre la posibilidad que personas se aprovechen de la condición de discapacidad para vender giros no permitidos, poniendo en riesgo a los ciudadanos.

«No se puede, ni se debe usar la condición de discapacidad para vulnerar la propia norma. La norma es clara, la 1933. Esta te menciona cuál es el procedimiento para vender en el espacio público. No se puede ceder por el simple hecho de que se cuenta con carnet de CONADIS, hay que hacer una evaluación, hay que verificar. Se estarían aprovechando de esta condición de discapacidad para no sólo vender giros que no están permitidos sino vender en la informalidad», afirmó Ian Guimaray, especialista en derecho público.

En el corazón de Lima, específicamente en los jirones Ayacucho, Inambari, Santa Rosa y Andahuaylas, la proliferación desenfrenada del comercio informal ha creado un escenario de desorden e inseguridad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por regular esta situación, la convivencia de dos tipos de comercio ambulatorio agrava la problemática.

De un lado, se encuentran aquellos comerciantes que cumplen con los requisitos legales, pagan tasas y operan de manera regulada, estos se encuentran registrados en padrones y son parte del SISCOM (Sistema de Comerciantes); del otro, el comercio informal, conformado por individuos que eluden cualquier obligación impositiva, contribuyendo al caos en las calles del centro limeño.

La falta de un control efectivo ha permitido que el fenómeno del comercio informal se expanda sin restricciones.

LOS AMBULANTES INFORMALES

Aparentemente ambulantes con chalecos de asociaciones de personas con discapacidad estarían operando en el comercio informal, desafiando las normativas y burlándose de las autoridades. El uso de la condición de discapacidad como excusa para vender de manera irregular es más evidente que nunca. Avalados con un supuesto permiso del alcalde, ocupan la calle y venden productos que ni siquiera están permitidos.

El equipo multiplataforma fue por varios días por los jirones Andahuaylas, Ayacucho y Santa Rosa y descubrimos que la mayoría de los ambulantes que usan estos chalecos, señalan que son sus familiares quienes presentan alguna condición. Algunos más nerviosos, primero nos afirmaban que eran ellos los que tenían una discapacidad, al preguntarles más, cambiaban de respuesta y señalaban que era alguien de su familia.

«La prueba viene a ser el certificado de discapacidad que es emitido por un médico certificador en cualquier institución prestadora de salud autorizada por el MINSA. Ahí se indica el tipo de discapacidad. Luego puede acudir a CONADIS a registrarse y se emitirá un carnet. Y en el caso de ser familiar, deberían contar con una copia de certificado de discapacidad de su pariente, para comprobar que ellos están relacionados y que está al cuidado. Sobre todo estamos hablando de aquellas personas con discapacidad severa.», señaló Flor de María Valdéz, directora de la Subdirección de Promoción y Concientización de CONADIS.

Todo parece indicar que la informalidad está un paso adelante de la fiscalización. Tal es el caso de una persona con discapacidad que, a pesar de dedicarse a un rubro no permitido, cuenta con un módulo de venta como si estuviera operando de manera regular. En numerosas intervenciones en el centro histórico, se ha observado cómo algunos gremios con malas intenciones, instrumentalizan la discapacidad para perpetuar su presencia en las calles de manera ilegal.

Asimismo, la presencia de personas con chalecos se escudan señalando que tienen autorizaciones verbales de sus líderes o algún miembro de la administración municipal. La identificación mediante chalecos no garantiza la formalidad de la actividad.

Por otro lado, los comercios de galerías responden a la presión de los informales colocando conos, pero existen grupos más desafiantes que ocupan los espacios públicos de manera más peligrosa. En este contexto, se estima que más de 50 vendedores informales se encuentran en estas calles sin haber pagado ningún derecho.

El Plan Maestro del Centro Histórico, que aboga por una reducción del comercio ambulatorio, choca con la realidad de autorizaciones orales por parte del actual alcalde, generando un crecimiento desmedido. La venta de productos perecibles sin registro y la explotación de pretextos vinculados a la discapacidad genera un riesgo para todos los ciudadanos.

Es importante señalar, que los gremios comerciales, tanto regulados como aquellos beneficiarios de programas como «Capitalizando», incluyen diversidad de personas en sus registros, mayormente adultos. Los gremios de comercio ambulatorio se han unido no por una condición común, sino por la defensa de su derecho a vender en el espacio público. Además, mientras los formales enfrentan una fiscalización rigurosa, los informales parecen eludir las regulaciones sin consecuencias significativas.

Actualmente, la fiscalización del comercio regulado recae principalmente en la Gerencia de Desarrollo Económico. Sin embargo; no nos brindaron respuesta alguna pese a nuestros insistentes pedidos de entrevista. A pesar de las regulaciones establecidas por la propia municipalidad, la presencia del comercio informal en las calles, especialmente en Jirón Andahuaylas, sigue tomado por la ilegalidad del comercio y el desinterés de las autoridades.

Actualización (12-01-2024): En comunicación con Latina Noticias, CONADIS señaló que su institución no reparte los chalecos usados por las asociaciones de discapacitados. Además, puntualizó que estas asociaciones no necesariamente están inscritas en su registro y que está prohibido el uso del logo de su institución en las prendas.

DENUNCIAN A LA MUNICIPALIDAD

Al día siguiente de la difusión de nuestro informe, la familiar de uno de los comerciantes, identificada como Karina, presentó una denuncia ante Latina Noticias, informando que la Municipalidad de Lima llevó a cabo un desalojo en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas de manera violenta. Inicialmente, la señora Karina indicó que la autorización para vender en el espacio público fue otorgada verbalmente por el alcalde. Sin embargo, su pariente, identificado como Alan, sostuvo que, aunque no tienen permiso de las autoridades, han estado vendiendo en esos lugares durante varios meses sin enfrentar inconvenientes.

Enfatizaron, además, que a lo largo de ese periodo las autoridades les habían tolerado la venta sin contar con una autorización oficial, y se vieron sorprendidos por la repentina acción de la Municipalidad en respuesta a la nota periodística. De esta manera, una vez más, se evidencia el desinterés de las autoridades en abordar de manera efectiva la problemática del comercio informal. La falta de una respuesta oportuna y coherente por parte de la Municipalidad sigue generando incertidumbre, caos e inseguridad en el cercado de Lima.