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El martes 25 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exigió la empresa Rutas de Lima dejar la administración de los peajes que tienen en concesión desde hace varios años en la vía Panamericana para este sábado 29.

Sin embargo, las casetas que habían sido cerradas por seguridad operaban con normalidad hasta este domingo 30, con el plazo impuesto por el alcalde ya expirado. Algunos de los vecinos aún confían en la promesa de campaña de López Aliaga sobre finalizar con los peajes.

Sin embargo, esta podría no cumplirse debido a los arbitrajes en el acuerdo con Rutas de Lima, que tiene la concesión de la administración hasta 2046. Bajo este mecanismo se solucionan las controversias derivadas del contrato entre empresa y municipalidad, pero para el burgomaestre, estas no son válidos.

Cabe precisar que Luis Castañeda y Jorge Muñoz, los predecesores de López Aliaga, iniciaron arbitrajes donde pidieron la nulidad del acuerdo. No obstante, en ambas ocasiones perdieron, con lo cual la MML se vio obligada a pagar más de 170 millones de dólares.

El 29 de diciembre de 2022, Rutas de Lima anunció un nuevo arbitraje, donde reclamaba diversos puntos acerca de tarifas y liberaciones de terrenos pendientes. En respuesta, el Concejo Metropolitano anuló unilateralmente el contrato, aduciendo afectaciones al interés público y corrupción.

EL PROCESO LEGAL DE LA MML

Para este arbitraje, la municipalidad eligió como representante a Elvira Martínez, a quien ahora han denunciado por cohecho. Y es que luego del anuncio del alcalde, la concesionaria pidió incluir un punto adicional en el arbitraje, que incluía más honorarios para los árbitros.

Según la denuncia, el tribunal se beneficiaría con «la sola aceptación de un pago de USD 674 mil«. De acuerdo a la MML, este monto no cuenta el dinero o beneficios «que habrían recibido» y que «no han podido investigar».

Además, se asegura que un representante de la concesionaria «se habría contactado con los miembros del tribunal, a fin de explicar los hechos; pero sobre todo de manifestar el beneficio que se ofrecía a raíz de su aceptación».

La denuncia la presentó Fernando Moreno, procurador de la municipalidad, quien no dio detalles de sus acusaciones. De acuerdo al abogado Héctor Campos, el inicio de un proceso penal paralelo no evita que el arbitraje siga su curso.

En los dos arbitrajes previos se debatió sobre la validez o no del acuerdo de concesión. Esos tribunales determinaron que los contratos son válidos. La vía arbitral tiene el mismo peso que cualquier mecanismo de controversias, con lo cual sus decisiones tienen carácter de cosa juzgada.