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Las cámaras de seguridad de la cooperativa Manylsa, en el distrito de Ate, registraron el último secuestro de 2023 en Lima. Un joven paseaba a su perro por la calle Los Aztecas cuando un vehículo plateado se detuvo a su lado. Dos sujetos armados bajaron y, a la fuerza, subieron a su objetivo al auto. Su mascota ladra más de una vez, pero nadie repara en la situación y los raptores logran huir.

Todo esto ocurrió el viernes 29 de diciembre del año pasado. Los secuestradores pidieron S/ 300 mil a la familia del joven de 22 años, que es propietaria de un plantel de educación inicial. Después de cuatro días privado de su libertad, la víctima fue liberada y pudo regresar a su casa. La situación, no obstante, causó alarma entre los vecinos, quienes temen porque les pase algo similar.

«Tengo entendido que ellos han negociado, tan fácil no ha sido, pero el monto no lo conocemos. Lo importante es que han liberado al chico», dijo un vecino a las cámaras de Latina Noticias. Habitantes de la zona, incluso, organizaron vigilias por la liberación del joven. «Conocemos a la familia, nos hemos solidarizado, porque él (la víctima) es muy tranquilo, no molesta a nadie», dijo otra vecina.

En los últimos meses, el delito por secuestro se ha incrementado en todo el Perú. Cifras de la Policía Nacional arrojan que en el transcurso de 2023 hubo más de 3.000 denuncias por este crimen a nivel nacional, de los cuales 100 casos pertenecen a Lima.

Además, según un estudio de Ipsos, la criminalidad e inseguridad ciudadana es lo que más preocupa a los peruanos (58%), por encima de la corrupción política (52%), el desempleo (36%) y la pobreza y desigualdad (33%).

Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) informaron que una de cada tres personas ha sido víctima de algún delito en Lima. Perú ocupa el puesto 32 de 193 naciones en términos de criminalidad, según el Índice Global del Crimen Organizado 2023, donde se destaca la presencia de diversos delitos, que incluyen robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

INSEGURIDAD EN EL PERÚ AL ALZA

Una de las medidas tomadas por el Ejecutivo para reducir la ola de criminalidad fue la declaratoria de estados de emergencia, anunciada el 18 de setiembre y expirada el pasado 11 de diciembre. Durante su tiempo en vigencia, se ordenó que la PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tomaran el control interno de los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Lince y Sullana (Piura). Además, se suspendieron eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4:00 am. ¿Fue entonces una medida acertada?

Para Wilfredo Pedraza, exministro del interior, los estados de emergencias son respuestas políticas al fenómeno de la inseguridad; sin embargo, casi no tienen ninguna utilidad para combatir fenómenos sociales como la delincuencia. También señaló que estas sentencias buscan satisfacer algunas demandas ciudadanas:

«Más policías, más militares en las calles, suspensión de algunos derechos, pero en términos materiales, la eficacia de esas medidas son pequeñas, y básicamente tratan de satisfacer la demanda ciudadana, pero que vencido el plazo de la declaratoria de emergencia, al final la situación no varía en nada» dijo.

En Latina Noticias, se presentó el recuento de hechos delictivos ocurridos durante estos estados de emergencia, en el que a pesar de la presencia policial se registraron: asesinatos, extorsiones y asaltos que no pararon en los casi dos meses que duró el estado de emergencia. Por lo que esta medida no detuvo la inseguridad ciudadana.

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