La gravedad de la situación aumenta con las conversaciones de WhatsApp con un líder de la organización criminal "Los Lobos" de Ecuador.
En una historia que parece sacada de una película de crimen, los hermanos Keiko y Kim Ching Piña, propietarios de la armería «Hunting», se encuentran bajo investigación por presunto tráfico de armas y municiones. La trama se desarrolla en la frontera con Ecuador, donde los Ching Piña son señalados como parte de una red que desvía la venta de armamentos hacia el país vecino.
La investigación se desencadenó el 7 de junio de 2023, cuando la DIVINCRI Tumbes intervino una furgoneta en la carretera Panamericana Norte. En el vehículo, conducido por Richard Martínez, empleado de «Hunting», se descubrieron nueve mil municiones ocultas bajo planchas de papel higiénico.
Durante el interrogatorio, Martínez reveló que las municiones le fueron entregadas por Keiko Ching Piña para ser llevadas a la frontera y entregadas a una persona conocida como «Yaco» en Ecuador. Aunque Keiko Ching Piña rechazó estas acusaciones, el testimonio de Martínez fue respaldado por su acompañante, Jessica Farias.
Los investigadores llevaron a Martínez a la armería «Hunting», donde Keiko Ching Piña es gerente. Allí, se incautaron 15 escopetas, cacerinas y más de 350 mil municiones sin la documentación correspondiente. La situación se complica aún más al descubrir una pistola calibre 9 mm perteneciente al hermano de Keiko, Giancarlo Ching Piña, gerente de «Hunting».
La gravedad de la situación aumenta con las conversaciones de WhatsApp de Martínez, donde se identifica a un contacto llamado «Yaco». Este individuo, según una nota de inteligencia, sería uno de los líderes de la organización criminal «Los Lobos» en Ecuador, adquiriendo ilegalmente armas y municiones de los hermanos Ching Piña.
El fiscal encargado del caso, Eidan Ulloa, fue sancionado administrativamente por no realizar las diligencias necesarias para corroborar los indicios presentados por la policía. Además, los hermanos Ching Piña denunciaron a los agentes que llevaron a cabo la intervención, acusándolos de un delito contra el patrimonio debido a la presunta desaparición de 100 mil municiones incautadas en el operativo policial.
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