Latinanoticias.pe

CIUDAD DE MÉXICO, 15 nov (Reuters) – El gobierno de México aún debe una explicación a las familias de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace ocho años en el país y aclarar qué papel jugaron las Fuerzas Armadas en el crimen, dijo el martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo afirmó que los esfuerzos de las autoridades por encubrir lo ocurrido con los estudiantes en la ciudad suroccidental de Iguala, en el estado Guerrero, en septiembre de 2014, parecen ser parte de un «patrón estructural» de abusos en la nación latinoamericana.

«México aún mantiene su obligación internacional de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa», indicó la CIDH, el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, en su informe más reciente.

El Gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La anterior administración mexicana sostuvo que los jóvenes fueron asesinados y sus restos destruidos después de que fueran secuestrados por policías corruptos que trabajaban con una banda local de narcotraficantes, quienes creían que los estudiantes habían sido infiltrados por un grupo rival.

Un grupo de expertos creado más tarde por la CIDH para revisar las pruebas, puso reparos a esa versión de los hechos y denunció que el Ejército, que tiene una base en Iguala, estaba ocultando pruebas.

El ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en agosto nuevas conclusiones, calificando el incidente de «crimen de Estado» y señalando la participación de los militares.

Más tarde, las autoridades retiraron más de 20 órdenes de detención que se habían emitido contra funcionarios principalmente castrenses.

La CIDH advirtió que, a pesar de su deseo de resolver el caso, la actual administración no había eliminado «estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos».

«Hablamos de las Fuerzas Armadas mexicanas», apuntó la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, exponiendo su preocupación por lo que llamó la «militarización» del país bajo la gestión de López Obrador. El presidente izquierdista ha otorgado al Ejército un mandato que se extiende a áreas normalmente reservadas a civiles.

Confiar cada vez más en las Fuerzas Armadas, incluso cuando los investigadores tratan de exigirles responsabilidades por posibles abusos en materia de derechos, supone el riesgo de crear un conflicto de intereses, añadió.

El mandatario dice que las indagaciones están en curso. Hasta ahora, los investigadores solo han identificado definitivamente los restos de dos de los estudiantes.

La CIDH, con sede en Washington, ha contribuido a arrojar luz sobre los abusos de los derechos humanos en América durante más de seis décadas.