Repartija y abuso de poder. Un informe de Punto Final evidenció que parlamentarios, ministros, altos funcionarios, familiares y amigos de dichas autoridades fueron beneficiados con entradas exclusivas para que disfruten del último encuentro de la selección peruana desde la comodidad de los palcos del Estadio Nacional.
Mientras que miles de peruanos se quedaron sin la opción de poder conseguir un boleto para alentar a la ‘Blanquirroja’, Rubén Trujillo Mejía, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), recibía numerosas llamadas de políticos solicitándole obtener una cortesía de la institución.
Asimismo, según información del IPD, el Congreso de la República pidió entradas para el espectáculo deportivo el pasado 20 de abril. No obstante, Trujillo Mejía se rectificó con este dominical y cambió de respuesta. Aseguró que cometió un error y que el Parlamento nunca hizo tal pedido, sino que les fueron cedidas.
Cabe mencionar que una entrada para un palco bordea los S/ 990 soles, según la página de Joinnus. Esta área cuenta con baño propio, mejores espacios y asientos especiales.
La Mesa Directiva estuvo presente en aquel encuentro del 29 de marzo, pues María del Carmen Alva asistió junto a su esposo e hija, además de compartir el palco con la legisladora Rosangela Barbarán; el alcalde de Jesús María, Jorge Luis Quintana Godos y la nieta de Víctor Andrés García Belaunde.
Lady Camones hizo lo propio y reunió a su esposo, padre, cuñado y suegro. Mientras que Patricia Chirinos arribó en compañía de su hijo.
Aunque el premier Aníbal Torres fue designado al palco 5009 del Estadio Nacional, este no acudió a la cita futbolística. Sin embargo, su hijo, enamorada y amigos sí pudieron gritar los goles de Lapadula y Yotún desde el recinto.
En cambio, Dina Boluarte sí asistió al partido con su hermano e hijo. Lo mismo con el ministro Rosendo Serna, quien disfrutó de la victoria peruana con sus cuatro hijos.
Por último, el vacado alcalde Jorge Muñoz también fue invitado, pero este nunca llegó. En su reemplazo, su hermana Milagros Muñoz Wells y su cuñado Alfredo Monteverde sí asistieron para ocupar el espacio.
La abogada penalista Romy Chang señaló que este hecho configura como delito de peculado, ya que sanciona la sustracción o el mal empleo de bienes que son considerados de uso público y que solo deben ser a beneficio del Estado.
«El sustraer un bien para un fin propio, personal, que no tiene nada que ver con la función pública es sancionado en nuestro país», explicó.
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