Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se ha dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que el proceso de acusación constitucional que se sigue en su contra, por parte del Congreso de la República, se suspenda.
La también titular del Midis sostuvo que se ha vulnerado el debido proceso en la denuncia por haber realizado gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac mientras ejercía un cargo público.
Tras ello, busca que la comisión encargada del Parlamento retroceda en el procedimiento que le sigue por presuntamente vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
Por otro lado, la defensa legal de Bolaurte Zegarra, el abogado Alberto Otárola, solicitó medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado.
El letrado argumenta que la oposición legislativa intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas; no obstante, añadió que se busca forzar la destitución e inhabilitación de su patrocinada a través del uso indebido de informes administrativos.
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