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BRASILIA, 1 abr (Reuters) – La democracia brasileña está siendo «amenazada», dijo el viernes Edson Fachin, presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), y señaló que el país enfrentaba «un período turbulento» antes de una tensa elección presidencial en octubre.

Los comentarios de Fachin se dan cuando las encuestas muestran que el presidente Jair Bolsonaro, un exmilitar de extrema derecha que ha cuestionado repetidamente la credibilidad del sistema de votación electrónica de Brasil, ha reducido la brecha con respecto al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Los comentarios sin fundamento de Bolsonaro sobre fraude electoral han llevado a algunos a sugerir que podría seguir el ejemplo del expresidente estadounidense Donald Trump y negarse a aceptar cualquier derrota electoral.

Cuanto más estrecho sea el margen entre los dos rivales, mayores serán las posibilidades de una crisis electoral, dicen los expertos.

«La justicia electoral está bajo ataque. La democracia está amenazada. La sociedad constitucional está en alerta», dijo Fachin en una reunión de jueces de la corte regional de apelaciones electorales.

«Es necesario, en el cumplimiento de los deberes inherentes a la legalidad constitucional, defender la justicia electoral, la democracia y el proceso electoral».

Fachin dijo que la corte «no agudizaría el circo de las narrativas conspirativas de las redes sociales, ni animaría la discordia y el desorden, y mucho menos las agendas antidemocráticas».

Agregó que el objetivo del tribunal electoral este año «es asegurar que los resultados del proceso electoral correspondan a la legítima voluntad de los electores».

A pesar de mejorar en las encuestas, Bolsonaro todavía enfrenta una ardua batalla para ganar la reelección, con votantes enojados por su manejo de la pandemia de COVID-19, así como por la alta inflación y el aumento de los precios del combustible.

El TSE, junto con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, ha jugado un papel central en obligar a las empresas tecnológicas y de redes sociales a controlar mejor a los usuarios del país que difunden desinformación sobre el fraude electoral y el COVID-19.

Ambos tribunales han sido blanco de Bolsonaro y sus partidarios, quienes los acusan de extralimitación judicial.