Zaffaroni, exmagistrado de la CIDH, y Croxatto alistan acciones legales contra el Estado peruano y consideran que Castillo no tuvo antejuicio político.
Los abogados argentinos Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni anunciaron que asumirán la defensa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso que se le sigue por rebelión. Desde el 7 de diciembre, fecha del su fallido golpe de Estado, Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.
De acuerdo con el diario español El Salto, el jueves 2 de febrero, los letrados buscaron ingresar a este centro penitenciario para reunirse con el exjefe de Estado y lo consiguieron luego de obtener un permiso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ellos ya estarían ensayando una tesis para su defensa.
Eugenio Zaffaroni es un reconocido exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue un destacado juez y diputado de la ciudad de Buenos Aires en 1997. Asimismo, dirigió el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de la ONU.
«Tiene una influencia importante en el sistema por haber sido juez. Es dueño de más de una serie de teorías jurídicas que, digamos, pueden ser catalogadas como progresistas en el ámbito del derecho», indicó el expremier Juan Jiménez Mayor.
En diálogo con el medio argentino Revolución Popular Noticias, Zaffaroni sostuvo que el delito de rebelión, por el que Castillo viene siendo investigado, requiere alzarse en armas, algo que no ocurrió con el exmandatario. Asimismo, considera que el golpe de Estado solo debería ser motivo de un juicio político.
El exmagistrado también considera ilegítimo el Gobierno de Dina Boluarte. «Esta señora ocupa la presidencia, sin haber sometido a Castillo a ningún procedimiento constitucional de destitución. Es decir, sin haberle garantizado el derecho a la defensa», afirmó.
Por su parte, Guido Croxatto es director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. Él anunció que presentará una acción legal contra el Estado peruano ante el Sistema Interamericano de DD. HH. Su estrategia apunta a que el expresidente no tuvo antejuicio político.
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