Choferes de cisternas que fueron despedidos denunciaron que la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí era la que delegaba la entrega de agua y el cobro a locales.
Tras el reportaje de Punto Final donde se revela que camiones cisterna que debían distribuir gratuitamente agua potable a pobladores de Jicamarca cobraban para descargarla en otros locales, los conductores de estos vehículos denunciaron que dicha orden provenía de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí.
Luego de conocerse la denuncia, más de 40 cisternas fueron separadas y cerca de 100 trabajadores han sido despedidos por el municipio. Por ello, en reclamo por esta medida, los choferes mostraron un documento que revelaría que las propias autoridades ordenaban los lugares para la distribución del recurso.
«Nos han enviado a regar a muchos de nosotros, me incluyo a mí. Hemos llevado a pollerías, a construcciones a sus obras. Ellos nos decían: ‘llévalos no te va a pasar nada'», expresó uno de los trabajadores durante una protesta realizada este lunes.
Asimismo, ellos apuntan a quien sería el responsable de delegar esta entrega irregular de agua potable. Se trata de Luis Pachas Atúncar, actual gerente de Servicio de la Municipalidad de San Antonio, quien no quiso comentar con Latina Noticias sobre la denuncia en su contra.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) emitió un comunicado luego del revelador reportaje de Punto Final, en el cual se denuncia que las cisternas que debían proveer de agua a los pobladores de Jicamarca no efectúan la entrega de este recurso y la venden usando otros camiones.
En el documento, Sedapal precisa que fue por iniciativa propia la distribución de agua a zonas vulnerables durante la pandemia de COVID-19 en Perú, mediante la firma de un acta con municipalidades, a quienes atribuye la responsabilidad de la entrega del líquido.
“Condenamos y repudiamos los actos irregulares y de mala fe, evidenciados en el reportaje. Iniciaremos las acciones legales y penales para que se castigue con todo el peso de la ley a los inescrupulosos que han destinado el agua gratuita de la población para otros fines”, expresaron.
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