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Luego de evaluar el reportaje de Punto Final, la Unidad de Delitos de Altos Funcionarios de la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante la Fiscal de la Nación por la presunta comisión del delito de concusión.

De acuerdo a Daniel Soria, procurador general del Estado, se trata de un delito que está en el Código Penal. Se produce cuando un funcionario, abusando de su cargo, obliga a una persona a dar o prometer para sí o para otros un bien o beneficio patrimonial. “La pena prevista va entre los dos y ocho años”, remarcó.

Asimismo, reveló que ahora le corresponde al Ministerio Público evaluar el caso e iniciar las diligencias preliminares. Hay un plazo de 60 días, luego de lo cual, si no se extiende el plazo, la Fiscal de la Nación decidirá si hace la denuncia constitucional ante el Congreso.

“Esto porque los congresistas, en tanto altos funcionarios, al cometer un delito en ejercicio de sus funciones tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Luego de esto continúa la investigación en la Fiscalía que puede acabar con una acusación ante la Corte Suprema”, enfatizó Daniel Soria.

Rosío Torres: congresista #BorraChat

Como es conocido, Punto Final reveló que el sobrino de la congresista ha recibido varios depósitos de dinero por parte de los trabajadores de Rosío Torres.

No solo eso, luego de ser abordada por un periodista de Latina, la congresista no solo evitó responder a los cuestionamientos, sino que fue captada borrando las conversaciones de Whatsapp que mantuvo con su sobrino.