Una familia separada en la frontera entre EE. UU. y México se reúne por fin

LOS ÁNGELES, 31 ene (Reuters) – Un martes de enero, cuatro años después de que las autoridades estadounidenses separaran a María Hernández de sus hijas y la deportaran a Honduras, ella regresó a Estados Unidos, esta vez con la autorización del Gobierno.

En el aeropuerto internacional de Los Ángeles, Nicole, que ahora tiene 7 años, esperaba a su madre con una rosa roja. Michelle, casi una adolescente, se quedó atrás con un ramo de rosas y girasoles. Cuando Hernández se volvió hacia ella, Michelle se abalanzó a sus brazos, sollozando.

«Yo estaba lejos pero estaba pendiente de ustedes», susurró Hernández a sus hijas.

Hernández contó que no abrazaba a Nicole desde que la niña tenía 3 años y a Michelle desde que tenía 8. Días después de la Navidad de 2017, la madre se había aferrado a sus niñas llorosas en una estación de la patrulla fronteriza en Arizona antes de que un responsable estadounidense las separara.

Las tres habían llegado a Estados Unidos en busca de asilo. Una vez detenida, recordó, se le dio una opción imposible: Abandonar el país, con las niñas o sin ellas. Conmocionada por las recientes amenazas de las bandas a Michelle en Honduras, Hernández decidió que las niñas estarían más seguras en Estados Unidos.

Las hermanas fueron enviadas a un centro de acogida para niños en California y finalmente fueron liberadas para vivir con su hermano Maynor, que ahora tiene 34 años y se gana la vida vendiendo naranjas en Los Ángeles.

Hernández fue deportada, como miles de padres separados de sus hijos bajo la polémica política de «tolerancia cero» del entonces presidente Donald Trump para disuadir la inmigración ilegal. Reuters, que ha seguido a la familia desde mediados de 2020, se refiere a las niñas por sus segundos nombres para proteger su privacidad.

En su primera noche en Estados Unidos, Hernández compartió la cama con sus hijas, mirándolas mientras dormían y maravillándose de lo mucho que habían crecido.

«Que bonito fue, no sé ni como contarle como me siento todavía, tantos años sin ver mis hijas, y verlas grande ahora», relató.

El Gobierno de Trump sostuvo que permitir que las familias sean liberadas juntas en Estados Unidos mientras solicitan asilo fomenta la inmigración ilegal. En respuesta, se buscó procesar y deportar a los padres y poner a sus hijos bajo custodia como «menores no acompañados».

Sin embargo, las traumáticas separaciones familiares, que comenzaron en 2017 antes de cualquier anuncio oficial, fueron captadas por los medios de prensa de todo el mundo y provocaron protestas. Trump dio marcha atrás con un decreto que puso fin a la práctica en junio de 2018.

El presidente Joe Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, calificó las separaciones de «tragedia humana» y rápidamente formó un grupo de trabajo para reunificar a las familias. A los padres deportados, una vez encontrados, se les daría la opción de regresar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos.

El grupo de trabajo identificó a más de 3.900 niños separados en la frontera entre Estados Unidos y México después de julio de 2017 bajo la política de «tolerancia cero». Más de la mitad fueron reunificados durante el Gobierno de Trump como resultado de los litigios de los defensores de los migrantes. Eso dejó a unos 1.700 niños separados de sus progenitores.

Al 25 de enero, el grupo de trabajo de Biden había reunido a 126 niños con sus padres o tutores legales. Unos 377 más -de Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil y Venezuela- tienen reunificaciones en curso, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Pese a las políticas de Biden, algunas familias están frustradas por la lentitud de las reunificaciones, según los defensores de los inmigrantes.

«Estamos hablando de personas que no han visto a sus hijos en tres o cuatro años», dijo la abogada de Hernández, Carol Anne Donohoe, que dirige el Proyecto de Reunificación Familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.

Ayuda de taxistas

La búsqueda de Hernández recayó en la abogada hondureña Dora Melara, quien fue reclutada a principios de 2020 por la organización neoyorquina Justice in Motion en el marco de la demanda contra el Gobierno estadounidense presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles.

Melara sólo tenía un nombre y una ubicación incompletos de Hernández de una lista del Gobierno estadounidense de padres y guardianes legales que habían sido separados de sus hijos en la frontera. No tenía información de contacto de las hijas de la mujer.

La abogada hizo tres viajes durante semanas a un pueblo del norte de Honduras, cerca de San Pedro Sula. Viajó sólo durante el día para estar segura.

Gracias en parte a los consejos de los taxistas locales, encontró a Hernández en marzo de 2020. Para cuando se presentó ante la mamá, ella estaba tan desesperada por ver a sus hijas que estaba contemplando otro intento de cruzar la frontera, esta vez con una caravana de migrantes.

Cuando Hernández supo que podía solicitar reunirse con sus hijas tras la toma de posesión de Biden, se alegró mucho. Sin embargo, lo que siguió fueron meses de retraso.

«Le dí todo, pero pasó el tiempo y no recibía ningún mensaje (…) yo sentía como que nunca iba a volver a ver a mis hijas», relató.

Para complicar su caso, tenía la petición de viajar con su nieto Aron, ahora de 4 años, que estaba a su cargo y necesitaría su propio pasaporte y otros permisos para salir de Honduras.

En octubre de 2021, había presentado solicitudes de «libertad condicional humanitaria» para ella y su nieto para entrar en Estados Unidos, dijeron sus abogados. La aprobación llegó semanas después. Luego, Aron enfermó de dengue, lo que retrasó la fecha de su viaje más allá de la Navidad.

Finalmente, a principios de enero, Hernández recibió la orden de hacer las maletas, someterse a la prueba de COVID-19 y dirigirse al aeropuerto local con Aron.

En virtud de la libertad condicional humanitaria en Estados Unidos, Hernández tiene derecho a un permiso de trabajo y está protegida de la deportación durante tres años. Sin embargo, no tiene un camino claro hacia un estatus legal permanente.

Para Michelle ha sido difícil hablar con otros de lo que ha pasado. «Todos los problemas me los guardé para mí porque es raro contárselo a un profesor, a un amigo o a alguien, porque quizá no te entiendan o simplemente se sientan mal contigo», dijo tras pasar su primer día con su madre.