CIUDAD DE MÉXICO, 7 jul (Reuters) – La unidad antilavado de México pidió a la Fiscalía General que investigue varias transferencias millonarias al exterior dirigidas al expresidente Enrique Peña, dijo el jueves el jefe de esa dependencia, quien aclaró que será la justicia la que determine si hubo algún delito en esas operaciones.
El exmandatario (2012-2018), predecesor del actual, Andrés Manuel López Obrador, ha sido acusado en el pasado de supuestos actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht por el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, actualmente preso.
«Se detectó un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos», dijo Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la rueda de prensa diaria de López Obrador, en respuesta a una consulta realizada en la víspera sobre Peña.
Entre otras operaciones, fueron descubiertos movimientos bancarios por 26 millones de pesos (1.26 millones de dólares) entre 2019 y 2021, realizados por una familiar consanguínea desde México a cuentas del exgobernante en España, donde según reportes de medios anteriores tiene ahora su residencia.
«La denuncia está presentada, la carpeta de investigación fue ya abierta (en la fiscalía)», detalló Gómez, aunque luego aclaró que «no hay delito, todavía». La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters y un portavoz de Peña no pudo ser contactado de inmediato.
El titular de la UIF también denunció que Peña «tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras». Una de ellas envió cientos de transferencias internacionales durante varios años, detalló.
«Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar», dijo López Obrador. «Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia», agregó.
El presidente impulsó una consulta popular celebrada en agosto de 2021 para preguntar a la población si deseaba el enjuiciamiento de sus antecesores que gobernaron entre 1988 y 2018. Aunque ganó el sí en la votación, la participación quedó muy lejos del 40% necesario para ser vinculante.
(1 dólar = 20.5965 pesos mexicanos)
(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Kylie Madry)
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