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Después de permanecer diez días detenido en Trujillo, el alcalde de la provincia de Sánchez Carrión, Robert Contreras, fue liberado el último jueves, debido a que la Fiscalía no fue lo suficientemente convincente al sustentar su pedido de prisión preventiva de 18 meses.  

Robert Contreras fue detenido la madrugada del cinco de julio por una orden judicial que así lo requería de manera preliminar, debido a presuntos actos de corrupción en la ejecución de una obra de agua potable y alcantarillado que iba a beneficiar a los habitantes de Huamachuco. 

A dos meses de que comenzaran los trabajos, se paralizó esta obra de saneamiento, de manera misteriosa, y ya se habían desembolsado S/ 30 millones de un presupuesto total de S/ 93 millones 800 000; sin embargo, por el tiempo que ha pasado hasta ahora ya el monto está valorizado en 120 millones, según explicó Freddy López, director anticorrupción de la Policía.

Abogado dice que Robert Contreras no huirá

El abogado de Robert Contreras, Carlos Avalos, informó que su patrocinado colaborará con las investigaciones como cualquier ciudadano y que el pedido de prisión preventiva fue desestimado por el juez, porque el fiscal no logró adjuntar pruebas con la contundencia necesaria. 

“El juez lo que ha dicho es que este requisito no se cumple porque la Fiscalía no ha logrado adjuntar pruebas con la contundencia necesaria para afirmar que con alta probabilidad mi patrocinado haya incurrido en los hechos, los cuales se le imputa”.

En otro momento, añadió lo siguiente: “Las detenciones generalmente tienen una finalidad que es asegurar que la persona no huya. En este caso no ha sido necesaria o no era necesaria, porque mi patrocinado no va a huir, él se va a someter a las investigaciones”.

¿Qué dice el alcalde Robert Contreras?

Robert Contreras, declaró esto a los medios de comunicación hace una semana: “Tengo que ponerme a derecho para que se esclarezca todo, hay un periodo de investigación, justo tiene que ver con el agua potable”.

A pesar de que ha recuperado su libertad sigue siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión agravada y cohecho pasivo propio. Otros 11 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión están en su misma situación.