QUITO (Reuters) – Al menos 41 reclusos murieron durante un motín cuando bandas rivales se enfrentaron en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo, dijo el lunes el Gobierno, en el más reciente episodio de una ola de violencia carcelaria que ha sacudido al país sudamericano.
El motín tuvo lugar después de que el líder de una banda fue trasladado a la prisión Bellavista en Santo Domingo por orden judicial, lo que podría haber causado malestar entre los reclusos, dijo el Gobierno.
«Lastimosamente, 41 personas privadas de libertad han perdido la vida en este incidente», dijo a periodistas el ministro del Interior, Patricio Carrillo. «La mayoría (…) con arma blanca».
«La utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional era para buscar fugarse», añadió.
Unos 13 presos resultaron heridos y 112 fueron recapturados, agregó Carrillo.
La Fiscalía General de Ecuador informó que 43 presos habían muerto en un mensaje vía Twitter.
El Gobierno suele atribuir la violencia en las cárceles a disputas entre bandas por el control de territorio y el tráfico de drogas. El año pasado, 316 presos murieron en motines en varias prisiones del país.
La prisión en Santo Domingo está de nuevo bajo control, dijo el comandante de Policía, Fausto Salinas, quien agregó que se construyó una valla de seguridad alrededor del perímetro de la después de que los presos escaparon.
El líder de la pandilla trasladado podría haber protagonizado un motín en el penal El Turi de la ciudad de Cuenca en abril, donde murieron 20 reclusos, dijo la policía.
Primero fue trasladado a un penal de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, pero luego un juez optó por enviarlo al penal de Bellavista, considerado menos peligroso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el sistema está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones en que viven los reclusos. Las cárceles del país están sobrepobladas en un 15% y albergan a unas 35.000 personas.
El presidente Guillermo Lasso está impulsando un plan para reducir la violencia carcelaria, que incluye pacificar a las pandillas, indultar a presos en casos especiales, y reformas legales y políticas de rehabilitación social.
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