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¡Tantas veces la justicia peruana! Este martes 13 de junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú vulneró los derechos a la salud y a la vida de una niña víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. 

La menor, oriunda de Apurímac, fue violada por su padre desde los nueve años hasta quedar embarazada a los trece. En 2017, tras quedar embarazada, un familiar la llevó a un hospital de Abancay. Fue ahí donde rompió en llanto y suplicó al personal de salud por ayuda, pues no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada.  

Dicha petición fue reiterada en distintas visitas médicas posteriores, mientras su estado de salud mental se iba agravando. Incluso, ella jamás fue informada sobre su derecho a solicitar el aborto terapéutico. 

Asimismo, la menor, en compañía de sus familiares, solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, además de presentar una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales. 

Tiempo después, tras tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas, pese a que en repetidas veces señaló que no deseaba proseguir con el embarazo. 

Por otro lado, una fiscal, encargada de su caso, ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria de ella y su padre, citándola en reiteradas ocasiones a declarar. La fiscal también desvió la investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de autoaborto. 

“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. (…) Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, apuntó Ann Skelton, presidenta del mencionado Comité. 

¿QUÉ DIJO EL COMITÉ DE LA ONU?

El Comité consideró que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios expuso a la menor a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud. La situación se vio exacerbada por su condición, víctima de violación por parte de su padre, lo que agravó aún más las consecuencias del embarazo en su salud mental. Por lo tanto, el Comité consideró que Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila. 

El Comité observó que la niña fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, ya que su solicitud de aborto fue repetidamente ignorada, su hogar y su escuela fueron frecuentemente invadidos y fue procesada por autoaborto.  

Por lo tanto, estimó que la víctima fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social. Consideró además que la falta de acceso a un aborto seguro constituyó en sí mismo un trato diferenciado basado en su género, que le negó el acceso a un servicio esencial para su salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva. 

El Comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto. Especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.