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LIMA, 22 ene (Reuters) – Las protestas en el país ya van dejando más de 50 muertos y un centenar de heridos en medio de una ola de disturbios contra el Gobierno de Dina Boluarte, la cual ha sido considerada la más violenta en dos décadas y que además ha puesto a prueba la democracia en el Perú.

En la capital Lima, la policía utilizó gases lacrimógenos para repeler a cientos de manifestantes que arrojaban botellas de vidrio y piedras, mientras las calles de la ciudad ardían en llamas, según mostraron imágenes de la televisión local.

Y en la región sureña de Puno, 1.500 personas atacaron una comisaría en la localidad de Ilave, mientras que otro grupo incendió la dependencia policial de Zepita, dijo el ministro del Interior, Vicente Romero, en una declaración de prensa.

La oficina de Salud de Puno reportó la muerte de un hombre de 62 años por un «shock hipovolémico», mientras que otros siete están hospitalizados, entre un hombre con un «proyectil» en el abdomen y los demás con roturas de brazos y piernas.

En su último reporte del último viernes, la Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que unas 58 personas habían resultado heridas en todo el país en las manifestaciones de aquella jornada.

La protesta que comenzó a inicios de diciembre ha dejado hasta ahora más de 50 fallecidos en choques entre manifestantes y la policía; mientras que otras nueve personas fallecieron en accidentes vinculados al bloqueo de vías durante las protestas.

«Existe una acción debidamente planificada y concertada que obedece a intereses políticos, que pretende chantajear al gobierno de turno, con atentados a las comisarías, poderes del estado, activos críticos y propiedad privada», dijo Romero.

El conflicto golpeó en la jornada al clave sector minero, luego de que una unidad de cobre de Glencore anunció el cierre temporal de su operación tras el ataque de manifestantes que pedían, entre otras cosas, la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, una de las demandas en las protestas.

El gobierno ha aumentado a seis desde tres las regiones en estado de emergencia, casi todas del sur del país, donde se ubican importantes yacimientos mineros, cortando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.

Los disturbios siguieron a un día de agitación el jueves, cuando una casona de un siglo de antigüedad en el centro de la capital se incendió tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y después de varias horas quedó reducido en cenizas.

«Hemos perdido un valor monumental, es lamentable que no se haya fijado el daño que se le pueda hacer a la ciudad», dijo el jefe de los bomberos de Lima, el comandante Mario Casaretto.

«INCERTIDUMBRE TERRIBLE»

Versiones difundidas en redes sociales de manifestantes o de políticos de izquierda que apoyan las protestas apuntan a que el incendio fue provocado por una bomba lacrimógena de la policía.

El Gobierno ha rechazado esas acusaciones, en momentos en que se demanda además en las protestas el cierre del Congreso, rápidas elecciones anticipadas y una nueva Constitución.

«Se ha podido apreciar por videos que en el lugar (del incendio) se utilizaron bombardas, pirotécnicos, altamente inflamable», precisó el ministro Romero.

Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.

«Es un caos a nivel nacional, así no se puede vivir, estamos en una incertidumbre terrible, la economía, vandalismo», dijo Leonardo Rojas, un ciudadano limeño, mientras leía los titulares de medios impresos en un puesto de venta de diarios.

«El congreso y la presidenta están muy mal, por lo que está haciendo, no toman ninguna medida de lo que está pasando», aseguró Álvaro, quien se excusó de brindar su apellido.

Durante las protestas del viernes, cientos de manifestantes intentaron otra vez tomar el aeropuerto de la sureña Arequipa, con violentos choques con la policía. En la víspera una persona murió por «herida de arma de fuego», según las autoridades que han cerrado temporalmente las operaciones de ese terminal aéreo.

El enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann, se reunió el viernes con el primer ministro Alberto Otárola. «He pedido información de qué está haciendo el gobierno para evitar que los muertos y heridos se repitan», afirmó a periodistas.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía de usar armas mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han empleado armas y explosivos caseros.