Este martes, la ciudadanía despertó con la noticia de los distintos allanamientos en paralelo que efectuaron miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional por los casos ‘Los Niños’ y ‘Asesores en la sombra’. Inmuebles como el de Sarretea y la vivienda de la hermana del presidente Pedro Castillo también fueron incluidos en las investigaciones.
Resulta que, sobre el primer suceso, la Fiscalía busca recolectar toda la información con relación a la presunta participación de los legisladores denominados como ‘Los Niños’ en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas.
Adicionalmente, se maneja la hipótesis que los referidos parlamentarios, a cambio de su apoyo al Gobierno en materia de proyectos, censuras y vacancia, habrían solicitado la viabilidad de siete proyectos, los cuales en conjunto suman más de S/ 800 millones.
Ahora, respecto a los ‘Asesores en la sombra’, se conoce que estaría integrado por 13 miembros. Estos operaban de manera clandestina y fraudulenta “buscando cumplir los objetivos de su programa criminal. Entre sus actos irregulares se encuentra el financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias ilícitas”. Ellos son:
De acuerdo con la investigación fiscal, los ‘Asesores en la sombra’ surgieron durante la contienda de la segunda vuelta electoral en 2021. En este transcurso, ellos se dedicaron a captar dinero para financiar la campaña presidencial; y posteriormente, saldarían este favor con poder político en las distintas instituciones públicas.
En efecto, tras la asunción al poder del jefe de Estado, Pedro Castillo, los ministerios y otras entidades arraigadas al Gobierno empezaron a coparse mediante irregulares designaciones.
Según la tesis fiscal, el presidente de la República, Pedro Castillo, se habría comunicado con su par venezolano, Nicolás Maduro, para coordinar el asilo político de los prófugos, Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dichas conversaciones fueron canalizadas por el también investigado Beder Camacho.
“… acordando con el presidente que le harían llegar el porcentaje de su sueldo del mes de noviembre y que asumirían los honorarios de los abogados para tenerlo callado, puesto que él conocía las prácticas delictivas que se perpetraban desde Palacio de Gobierno”, refiere el documento fiscal.
“Arnulfo Bruno Pacheco Castillo habría consensuado con el presidente de la República y otros miembros de su presunta organización criminal, que debían hacerle llegar grandes sumas de dinero para afrontar sus procesos penales y evitar que delate las actividades criminales que había perpetrado en conjunto con los demás integrantes de la organización”, detalla la misma.
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