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Así, de manera contundente, la tarde del último martes 2 de mayo, el juez encargado de esta audiencia rechazó la apelación solicitada por la defensa de la Federación Peruana de Fútbol, quien además no estuvo presente, para que no continúen con los allanamientos en la sede de la citada institución.

Esto, debido a que se investiga al presidente del máximo ente del fútbol nacional, Agustín Lozano, por presunta organización criminal. Adicionalmente, habría abusado de su cargo para adquirir muebles, inmuebles, capital social, empresas, entre otros.

Como se recuerda, en febrero, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en contra del mandamás del fútbol peruano, y al resto de los miembros de su directorio, por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la primera división de la Liga 1.

Tras ello, se ordenó realizar un peritaje contable y financiero en el máximo ente del fútbol nacional. Según el fiscal Chávez Cotrina, aquel “allanamiento era con fines de incautación documentaria para recopilar información de los libros contables entre los años 2018 – 2022”.

Es preciso indicar que si se llevó a cabo la intervención fue porque la FPF no presentó a su debido tiempo la documentación que demandó el Ministerio Público a inicios de febrero.