El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que la reciente detención de la empresa Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por el caso Fondo Mivivienda resulta significativo en la lucha contra la corrupción que rodeó al gobierno de Pedro Castillo.
«Para nosotros significa un duro golpe a la corrupción y a la corrupción de Pedro Castillo«, dijo el premier al ser abordado por la prensa en Lambayeque. Para él, el régimen del exmandatario no solo fue «ineficiente e incompetente», sino también «intrínsicamente corrupto».
Agregó que estos avances en el proceso contra los funcionarios involucrados en casos de corrupción representan un «mensaje muy importante para la sociedad». «Como Gobierno, esperamos que estas investigaciones concluyan lo más pronto posible y se deslinde y se establezcan las responsabilidades penales correspondientes», señaló.
Este jueves, el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictaminó la detención preliminar de diez días de Goray, Fernandini y los exfuncionarios de Fondo Mivivienda: el expresidente Pedro Arroyo, el exdirector Roger Gavidia y el exasesor Luis Mesones Odar.
El informe formulado por la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder menciona diferentes documentos y declaraciones relacionadas con un presunto caso de corrupción en el sistema judicial y en el Fondo Mivivienda.
Estos documentos revelan reuniones, acuerdos y sesiones que vinculan la participación del Fondo en proyectos inmobiliarios, así como favoritismos hacia la empresa Marka Group. Goray fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y Mauricio Fernandini cerca de la Embajada de Estados Unidos.
Según fuentes de Latina, a Pedro Arroyo y Roger Gavidia se les intervino en Trujillo, donde sus inmuebles fueron allanados. El único de los involucrados con orden de captura que se mantiene prófugo de la justicia es Luis Mesones Odar, exesposo de Sada Goray y extrabajador de Marka Group.
De comprobarse la información otorgada por la Fiscalía al Poder Judicial, la empresaria y los demás implicados podrían recibir hasta 20 años de prisión. Según la tesis fiscal, Goray buscó establecer su residencia fiscal en Uruguay e incluso gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana.
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