Aldo Vásquez, exmiembro de la Junta Nacional de Justicia, cuestionó en una entrevista exclusiva para Latina Noticias que el Tribunal Constitucional haya restablecido la inhabilitación de 10 años para ejercer la función pública de él y de la doctora Inés Tello tras aceptar la medida cautelar presentada por el Congreso de la República.
«Es muy grave para la institucionalidad del país. Esto lo hemos advertido en muchas oportunidades y ya vemos porque se ven afectadas las competencias tanto del Poder Judicial como de la Junta Nacional de Justicia», indicó. Además, lamentó los argumentos de la sentencia del TC, al que consideró como «deleznables».
«Se usan argumentos en la propia resolución del Tribunal Constitucional, con el mayor de los respetos institucionales, realmente deleznables. Señalar que uno de los magistrados de la sala que nos dio la medida cautelar debe pasar por un proceso de ratificación, eso es evidente», anotó.
«Todos los magistrados del país deben pasar por un proceso de ratificación. No es causal de inhibición o recusación de algún magistrado, porque con esa lógica entonces ningún magistrado podría ver algún tema que atañe a la JNJ, lo que sí hay más bien de que los miembros de la JNJ se inhiban cuando algún magistrado resuelva un caso nuestro», agregó Vásquez.
«Se espera a que resuelva la Sala de Derecho Social y Constitucional Permanente de la Corte Suprema. Si puedo hacerlo la sala, por qué no podía hacerlo la Sala Superior. En todo caso, esperamos que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de la República pueda resolver la apelación que ha presentado el Congreso o, en su defecto, está previsto para junio o julio pueda resolverse sobre el fondo del asunto de la demanda presentada por nosotros, la doctora Tello y por mí, contra la inhabilitación decidida por el Congreso», declaró.
En otro momento, el exintegrante de la JNJ enfatizó en que el fallo del TC de restablecer su inhabilitación y de la doctora Inés Tello tendrá un impacto en el proceso de ratificación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
«Acarrea una afectación a procesos constitucionales en materia disciplinaria o materia de ratificación de los titulares de ONPE y RENIEC», manifestó. Adicionalmente, Vásquez mencionó que lo mismo pasaría para el proceso pendiente de destitución de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuya audiencia se dio hace algunos días.
«Una decisión como la adoptada por el TC se cumple con las expectativas de la defensa de la señora Benavides. No cuestiono a la defensa, pero los argumentos que pueda esgrimir deben ser escuchados y eventualmente atendidos. Lo que sí constato es el hecho de que podría verse afectada ese proceso [su destitución]. Sin embargo, este proceso particular hay cinco miembros en el pleno que eventualmente podrían tomar decisiones», mencionó.
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