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Latina Noticias conversó con Andy Carrión, abogado penalista, sobre Nicanor Boluarte. El hermano de la presidenta está acusado de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias y a pesar de no ser un funcionario público «ostenta un poder de facto en el gobierno de Boluarte», según investigación fiscal.

Las acusaciones contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, son graves. Según Carrión, Boluarte es considerado un «funcionario de facto» que habría promovido nombramientos ilegales en la administración pública para beneficiarse económicamente y fortalecer su partido político.

«Nicanor Boluarte  no es un funcionario público pero lo que hace la fiscalía es otorgarle un poder de facto, es como lo que hacía con Vladimiro Montesinos, es como tener un asesor externo pero en los hechos era quien dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional. Ese mismo criterio  lo está aplicando hoy porque ya sería un funcionario de facto en los hechos habría promovido (y este es el marco de imputación de organización criminal) el nombramiento de determinados subprefectos en Tarapoto, San Martín así como en Cajamarca para beneficiarse tanto económicamente como para promover la inscripción y apuntalamiento del partido  ‘Ciudadanos por el Perú’«, precisó Carrión.

Además, el abogado resaltó la figura de la presidenta en el esquema de la investigación, sugiriendo que indirectamente se la menciona como parte de la estructura por encima de Nicanor Boluarte.

«Es evidente que mencionan a una persona que se encuentra por encima de él, y en este caso, desde la perspectiva que se direcciona la resolución, es nada menos que la presidenta«, afirmó Andy Carrión.

Por otro lado, el abogado penalista señaló que Nicanor estaría como coordinador de dicha organización criminal y vinculado a interceder ante autoridades para el nombramiento de subprefectos e intermediario para designar al director de PROVIAS Descentralizado y pueda ser elegido dentro del aparato público.

DETENCIÓN PRELIMINAR A NICANOR BOLUARTE

Carrión explicó que la solicitud de detención preliminar se basa en la presunta participación de Boluarte en una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y al fortalecimiento del partido político mediante nombramientos irregulares.

Además, señaló la implicación del abogado de la presidenta, Dina Boluarte, en la fidelización de miembros policiales para favorecer al investigado Nicanor.

«La fiscalía solicitó una detención preliminar por 10 días en los cuales se alega que el hermano de la presidenta lideraría esta organización criminal dedicada a no solamente traficar influencias nombrando subprefectos dentro de la administración pública sino que además estos nombramientos servirían para apuntalar el partido político con firmas y para también para recabar estos ingresos de manera ilícita», precisó el abogado.

Por otro lado, el abogado Andy Carrión acotó que la presidenta ha tratado de minimizar durante su último discurso el impacto de las detenciones y allanamientos. Lo cual no sería un tema menor debido a que, según explicó, en la investigación contra su hermano hay apartados que la señalan.

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