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Por Diana Decurt | @DianaDecurt

El viernes 2 de febrero el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, fue trasladado al Hospital II Vitarte debido a una «fuerte descompensación en su salud», informó el Instituto Nacional Penitenciario en el momento. Más tarde, el abogado del expresidente, Wilfredo Robles, denunció que agentes del (INPE) no le habrían tomado la atención debida al exjefe de Estado cuando reclamaba que no se sentía bien.

Al respecto, Javier Llaque, jefe del INPE, rechazó categóricamente una posible negligencia o discriminación contra el exmandatario, a la vez que resaltó que Castillo posee un médico personal, beneficio que no cuentan otros internos.

«Escuché que se quejaba de haber sido discriminado, le puedo decir que podrá haber discriminación allí, pero positiva. Tiene médico y tengo penales de 500 internos que no lo tienen», afirmó.

«Si el abogado se queja quizás quiere o prefiere que a su patrocinado lo llevemos a otro penal, de repente que haga su pedido», agregó.

JEFE DEL INPE: «ESSALUD DETERMINÓ QUE FUE UN TEMA TORÁXICO»

El mismo 2 de febrero, EsSalud confirmó que Pedro Castillo ingresó con dolores de pecho al Hospital II Vitarte, por lo que dispusieron una atención inmediata con los exámenes correspondientes. Sin embargo, no se especificó cuál fue su diagnóstico. ¿Realmente padeció un problema cardíaco? Javier Llaque lo descartó y brindó detalles sobre su estado de salud.

«En la semana pasada tuvo un problema que según nuestro médico podría haber sido un tema cardíaco. Cuando EsSalud lo verificó y evaluó determinó que era un tema toráxico, pero eso no hace más que acreditar que en la institución nos preocupamos por la salud de ese interno y de todos los que están bajo nuestra responsabilidad», precisó.

El defensor legal de Castillo, Wilfredo Robles, informó este martes 2 de febrero a Latina Noticias que interpuso un recurso de habeas corpus ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate-Vitarte, el cual no tiene una resolución definida. Indicó que harán conocer sobre el estado de salud del exmandatario que no estaría siendo monitoreado como debería.

No obstante, el líder del INPE minimizó este recurso, pues, desde su punto de vista, está únicamente impulsado por fines políticos.

«Lo que pasa es que el abogado por temas políticos se queja todo el tiempo. Ahí está nuestra atención, una vez que se alivió su problema de salud ha vuelto al penal. Se le atiende como corresponde (…) Está en trámite (el hábeas corpus), créame que debo responder entre cuatro y cinco hábeas corpus diarios», detalló.

¿CÓMO VIVE CASTILLO EN LA CÁRCEL DE BARBADILLO? JEFE DEL INPE LO EXPLICA

Asimismo, Llaque descartó también que las condiciones carcelarias del expresidente sean diferentes a las de los demás reclusos. El jefe del INPE resaltó que Pedro Castillo tiene una rutina diaria como la de cualquier otra persona privada de su libertad, la cual implica salir de su celda a las 7 de la mañana y poder acceder al patio durante todo el día.

«El desencierro es a las 7 de la mañana, toman su desayuno, si tienen alguna diligencia, asisten a sus diligencias, a la hora que se les abren las celdas tienen acceso al patio, por supuesto. No es verdad que no tengan acceso al patio, es su derecho de tenerlo durante todo el día, ellos pueden salir o no y hacer uso de ese derecho», explicó.

Asimismo, explicó que el expresidente puede contactarse vía telefónica con sus allegados, a la vez que es posible que reciba hasta cinco visitas diarias.

«Tienen posibilidad de comunicación telefónica también, tienen sus visitas siempre que nos lo solicitan. Están señaladas. Tienen un tope de cinco visitas cada uno y como están en régimen ordinario, no tienen limitaciones si son solo familiares. Tienen derecho a visita de amigos y esas visitas se vienen cumpliendo», manifestó.

Pedro Castillo está recluido en el penal Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Actualmente, enfrenta dos medidas de prisión preventiva, una vinculada a este caso y otra por presunta liderar una organización criminal en el Palacio de Gobierno. Por ello, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.

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