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El Poder Ejecutivo ha aprobado una asignación de S/111 millones 659 mil 275 soles en apoyo a los distritos que han sido declarados en emergencia debido al incremento en los niveles de inseguridad ciudadana.

La asignación de recursos provendrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se destinará a múltiples entidades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuyas responsabilidades están relacionadas con la seguridad ciudadana.

El Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, subrayó el compromiso de todos los sectores del Gobierno en respaldar las medidas destinadas a reducir los niveles de criminalidad que afectan a la población. «Estos recursos deben brindar apoyo efectivo a las acciones coordinadas en favor de la seguridad ciudadana entre los poderes Ejecutivo y Judicial», afirmó.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 034-2023, los fondos asignados se utilizarán para la implementación de nuevas Unidades de Flagrancia Delictiva. Estas unidades judiciales especializadas coordinarán acciones entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Policía Nacional del Perú para brindar una respuesta inmediata, eficiente y transparente ante delitos flagrantes contra la seguridad ciudadana.

Además, la asignación permitirá el fortalecimiento de las brigadas especiales contra el crimen, comisarías, departamentos de investigación criminal, y oficinas de criminalística en los distritos en emergencia. También proporcionará recursos logísticos adicionales a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Asimismo, permitirá a los gobiernos locales de los distritos afectados mejorar sus servicios de patrullaje municipal y videovigilancia.

Cabe destacar que en septiembre pasado, se declaró en emergencia a los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres en la provincia de Lima, así como a varios distritos en la provincia de Sullana, departamento de Piura.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL

El Poder Ejecutivo ha otorgado una autorización excepcional al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a las municipalidades de los distritos en emergencia para contratar a servidores civiles bajo el régimen especial de contratación de servicios administrativos (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. Estas contrataciones excepcionales tendrán un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Del mismo modo, se ha autorizado al Ministerio del Interior, al Poder Judicial y a las municipalidades declaradas en emergencia a contratar bienes y servicios para llevar a cabo acciones urgentes dirigidas a reducir la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.