El sábado 24 de febrero, los abogados Gastón Soto y Raúl Canelo pasaron la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuya jornada se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. De hecho, ambos especialistas no gozaron de una amplia diferencia de votos a su favor: Soto obtuvo el aval de 5.628 abogados y su contendor Canelo 5.306.
Latina Noticias conversó con Gastón Soto y Raúl Canelo, postulantes con posturas firmes con respecto al papel que debe ejercer el Colegio de Abogados de Lima frente la crisis que vienen enfrentando las instituciones autónomas como la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Conoce sus perfiles, recorrido profesional y opiniones sobre la coyuntura política actual.
Gastón Soto es abogado, egresado de la facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Civil y Comercial y, egresado del Doctorado en Derecho, ambos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, es docente en pregrado y postgrado en la Decana de América y, en pregrado en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
En conversación con Latina Noticias, Soto, que obtuvo 5.628 votos, 322 más que Canelo, señaló que una de sus principales propuestas es apostar por la modernización del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, usar medios electrónicos para automatizar los procesos de la jornada electoral, algo que no fue posible en la primera vuelta.
«Es evidente que el Colegio de Abogados de Lima se ha quedado en el tiempo. La tecnología no es utilizada, a pesar de que ahora están a la mano y al alcance de muchas instituciones, no solamente del Estado sino también pública privada (…) Ya es necesario el voto electrónico, el voto por interés y así se puede evitar muchos inconvenientes como los que vivimos el el día sábado», detalló.
Recordemos que Luis Alberto Tudela Varela, abogado destacado, perdió la vida la noche del pasado 24 de febrero tras informarse que sufrió una descompensación mientras participaba en el proceso electoral para elegir al nuevo representante del CAL.
Por su parte, Raúl Canelo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y con estudios de maestría en Derecho Civil y Doctorado en Derecho. Asimismo, es socio fundador del Estudio Raúl Canelo Abogados y es especialista en Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho de Familia, temas en los cuales ha sido expositor en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Desde 1985, es profesor en las facultades de Derecho de la UNMSM, PUCP y la Universidad de Lima.
Canelo considera que lo que lo hace diferente de su contrincante es que su basta experiencia, por ejemplo, como miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil vigente y del Código de los Niños y Adolescentes, le ha permitido conocer, de primera mano, la problemática del abogado.
«Soy un abogado en ejercicio libre de la profesión y es lo que la mayoría de los abogados del gremio hacen (…) Los abogados que litigan como yo son una gran mayoría y necesitan mucho apoyo (…) Para eso está el gremio, para apoyarlos, capacitarlos, para ir a dar la ayuda que corresponde, generarles un fondo de retiro, etc. y eso se ha descuidado tremendamente», explicó el especialista a Latina Noticias.
El lunes 26 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el cual recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un lapso de diez años. La decisión posteriormente será consultada al Pleno del Congreso.
Canelo Rabanal señala que este tema político, como todos, tiene un formato jurídico. Considera que el reciente pedido de la reposición de Marco Falconí al Tribunal Constitucional es una señal de que «el panorama está cambiando». No obstante, advierte que de atacarse finalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que esta institución es un órgano autónomo.
«Invoco a una mesura, una prudencia al sector político, porque, la JNJ es un órgano constitucional autónomo que de ser tocado traería consecuencias internacionales, un desprestigio jurídico a nivel por lo menos latinoamericano, con intervención de la OEA. Lo que creo es que debe analizarse si el nombramiento fue mal hecho, si ha habido algún error, entonces que se resuelva desde una perspectiva administrativa (…) Estimo que el Pleno va a evaluar con mesura, va a evaluar con ponderación y va a dar una respuesta correcta a este problema», afirmó.
Del mismo modo, para Soto la situación no amerita un mayor análisis. El especialista explica que es una facultad del Congreso de la República poder cuestionar la labor de las instituciones. Sin embargo, sí se mostró en contra de cómo se eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«Es una atribución del Congreso de la República, no solo con la Junta Nacional de Justicia. Es su rol político, pero déjame ir al inicio. Yo desde un principio he estado en total desacuerdo con la forma o manera en cómo se definen a sus integrantes. Tengo que decirte que lamentablemente se ha optado por politizar las elecciones de todos los integrantes de la Junta (…) ¿Quién elige al Defensor del Pueblo? El Congreso. ¿Quién elige al presidente del Tribunal Constitucional? El Congreso (…) Entonces hay un origen politizado», explica.
Recordemos que la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares y siete suplentes, seleccionados por una Comisión Especial, mediante concurso público de méritos. Esta Comisión está presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el representante de las universidades públicas y el de las universidades privadas.
El congresista Raúl Huamán (Fuerza Popular), con respaldo de su bancada, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que busca modificar la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que ya no sea facultad de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. El documento propone que el titular del JNE sea “elegido entre los miembros titulares del pleno mediante votación secreta, por mayoría simple y por el período de un (1) año. No hay reelección”, se lee en el documento.
Al respecto, Soto Vallenas se mostró totalmente en contra de la iniciativa fujimorista. El especialista considera que los procesos o mecanismos que involucran al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no deben modificarse, ya que este organismo constitucional autónomo funciona como tribunal electoral del Perú, por lo que posee una función vital para que la democracia y el ejercicio correcto del Gobierno.
«Totalmente en desacuerdo. El problema de las instituciones y organismos del Estado no está en la estructura, está en las personas que las integran (…) ¿Cuál es el afán de que el presidente deba ser elegido entre los miembros del Pleno? No es necesario. Yo creo que a la institución a la que menos se le debe poner mano es precisamente al Jurado Nacional de Elecciones«, sentenció Soto.
En cambio, Canelo Rabanal asegura que es posible este cambio en la legislatura y es que, de acuerdo al abogado, pueden haber diversos métodos y mecanismos de cómo elegir a los miembros de un sistema electoral. Sin embargo, en el caso de Perú «es un sistema de tradición».
«Sí puede ser cambiado, no hay ningún problema, o sea técnicamente es posible, se puede romper una tradición porque no es la fuente de derecho obligatoria, sino la ley, y si la ley la quieren cambiar la pueden cambiar. (…) ¿Eso afecta no afecta a la democracia? No, no tiene ningún efecto práctico desde el punto de vista jurídico en el Estado de Derecho», sustentó.
Según Gastón Soto, el Colegio de Abogados de Lima debe enfocarse en el desarrollo académico de cada uno de los abogados. Asimismo, la institución debe ser clara y concisa en sus propuestas para mejorar la norma jurídica, función que se perdió conforme pasaron los años.
«Debe recuperar lo que antes tuvo. Que haga propuestas concretas. Que siempre vea qué mejorar en la norma jurídica. Tiene que volver a ser una institución que se lo escuche y que se deje escuchar. Hoy en día, lamentablemente el Colegio de Abogados es un gremio que decepciona a una gran parte de abogados, razón por la cual, y hemos podido comprobar en esta esta primera vuelta de esta elección, se ha registrado un alto porcentaje de votos nulos y blancos (…) El colegio debe de contribuir con el agregado para permitirle desarrollar su intelecto, su formación profesional (…) La calidad académica que imparte el colegio debe evidentemente ser el punto de partida para mejorar la formación profesional del abogado», señaló.
Canelo Rabanal coincide con Gastón Soto en que que el Colegio de Abogados de Lima debe velar por capacitar más a sus miembros. No obstante, plantea también que la institución deba tener un rol y es ser «la conciencia jurídica del país».
«La capacitación de los abogados, la ayuda mutual el fondo de retiro y la defensa gremial, que no existan abusos contra los abogados. Crearemos un Centro de Alto Estudios Jurídicos para el abogado y para los más jóvenes sobre todo, pero además (el CAL) tiene otro rol que es el de ser la conciencia jurídica del país. Se ha perdido eso, no se han hecho pronunciamientos adecuados o no se han pronunciado, simplemente se han preocupado de otros temas, pero no de pronunciarse respecto a los grandes problemas nacionales» en mi caso esto será necesario y útil y cumplirá el rol que la ley y la Constitución le asignan los Colegios Profesionales», manifestó.
Una vez culminado el segundo proceso electoral, el contendiente ganador jurará para el cargo de decano 2024-2025 el próximo 2 de abril. Recordemos que la decisión de quién será el próximo representante queda en todos los abogados colegiados de la capital.
La importancia de este cargo radica en las capacidades que la Constitución le ha conferido al representante del decanato del CAL, de ser la autoridad a cargo de designar a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones a fin de que conforme dicha institución.
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