Cédula viva: la ley que desembolsa millones solo para excongresistas

Por María de los Ángeles Serrano Vargas

En muchos casos, los adultos mayores representan un sector de la población que depende de alguien para sobrevivir. Sin embargo, las cifras reflejan que esto no siempre es así. A junio de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de cada cuatro de hogares en Perú (26,2%) es dirigido por una persona de 60 a más años.

Este panorama se ve reflejado en la calle, donde ancianos deben hacer largas colas para recibir una pensión que apenas les alcanza para cubrir los gastos básicos en el hogar. Esto es lo que le ocurre a Ularico Díaz, un pensionario de 70 años que, en conversación con Latina Noticias, cuenta que recibe 500 soles por mes.

«Vine a hacer mi cola para recibir mi pensión, estoy recibiendo 500 soles y lamentablemente solo me alcanza para pagar luz, agua, pero para la alimentación no alcanza -agrega, antes de romper en llanto-. ¿Qué me queda? Me ganan las lágrimas y no son de cobarde, sino de impotencia. ¡Cuántos pensionistas ganamos una miseria que no cubre nada!».

No obstante, en nuestro país, el drama de algunos no es el mismo para otros, pues, como confirmaremos en este informe, algunos jubilados pueden llegar a recibir hasta 10.000 soles al mes como pensión. Pero, ¿por qué la diferencia entre unos y otros?

CÉDULA VIVA: UNA LEY QUE SOLO BENEFICIA A ALGUNOS

La “Cédula Viva” tiene sus raíces en una normativa del siglo XIX, pero en el Perú republicano se promulgó como ley —la 20530— el 27 de febrero de 1974. La iniciativa pensionaria surgió durante el Gobierno de Juan Velasco Alvarado con el fin de que los afiliados se jubilen tras 20 años de aporte y reciban el salario percibido durante su último puesto laboral en el Estado.

Algunos funcionarios llegaron a percibir montos que superaban los 20.000 soles mensuales, al valor actual. Incluso, si uno de ellos fallecía, sus viudas, hijos dependientes y hasta hijas solteras podían heredar este dinero.

«Lo justo es que tu jubilación sea de lo que tú aportaste en toda tu vida laboral, lo injusto es que tú recibas un monto de dinero que no tiene correspondencia con tu aporte en la vida laboral, donde aportaste una cantidad en sector público, pero de repente, cuando te jubilas, recibes un monto absolutamente superior, injustamente superior», explica el constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

El aumento descontrolado de este sistema tuvo graves consecuencias para las finanzas públicas del país. El Estado peruano enfrentó daños económicos considerables debido a la carga financiera que representaban las pensiones otorgadas a través de la Cédula viva. La situación generó presiones económicas y financieras sobre el Gobierno, y puso en evidencia la necesidad de reformar el sistema.

Finalmente, tras idas y vueltas, en 2004, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, se decidió cerrar esta ley a través de una reforma que ya no permitía más incorporaciones y colocó el tope de 2 UIT, equivalente a casi 10.000 soles. No obstante, hubo algunos que tuvieron la suerte de -hasta ahora- poder ingresar después de esa fecha; entre ellos, los congresistas.

Incluso, con este límite en las pensiones, un congresista jubilado podía recibir una pensión hasta 12 veces mayor que un funcionario que integra el sistema de pensiones regular como la ONP. Las cifras promedio recogidas por Latina Noticias Digital indican que los excongresistas obtienen alrededor de S/6.300 de pensión, mientras que los exaportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben un mínimo de S/500 y un máximo de S/893. En promedio, S/696.

Un análisis de Latina Noticias sobre la información que se publica en el portal de transparencia del Congreso de la República revela que, al mes, se destinan más de 450.000 soles para pagar las jubilaciones de entre 65 y 79 exparlamentarios. Esta cifra se duplica durante los meses de Fiestas Patrias y Navidad debido al aguinaldo que reciben. Solo en julio de este año, el Legislativo destinó más de S/1.018,657.56 para este propósito.

Políticos conocidos acceden a pensiones de la Cédula viva. Entre ellos, se puede encontrar a la expresidenta del Congreso y excongresista de Fuerza Popular (FP), Luz Salgado, quien, según las planillas analizadas por Latina Noticias, recibe una pensión mensual de S/5.313; hasta antes de su muerte, también Martha Hildebrandt, accedía a un pago de jubilación de S/7.452; Óscar Andrés Reggiardo (padre del regidor de la municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo) recibe S/8.600; y Víctor Paredes Guerra, una suma de S/8.224,62.

Además, la página del Congreso corrobora que la exlegisladora aprista, Mercedes Cabanillas, recibe al mes S/7.392; el fundador de Juntos por el Perú (JP) y excongresista Yehude Simon se beneficia con S/5.129,82; y la exparlamentaria de Ación Popular (AP), Doris Guerrero, cobra S/7.984.45 al mes.

CÉDULA VIVA: ¿ES LEGAL PERCIBIR SUELDO DE CONGRESISTA Y PENSIÓN DE JUBILADO AL MISMO TIEMPO?

Parece irreal, pero en 2022, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, se estableció que, en caso que el pensionista de jubilación o cesantía decida reincorporarse al servicio del Estado, la Administración Pública deberá abonar ambos montos mensuales.

Esto debido a que la pensión adquirida por el beneficiario forma parte de su patrimonio y no le pertenece al Estado, que únicamente se encarga de administrarlo, explica Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Por otro lado, la remuneración percibida por el pensionista que se reincorpora al Estado corresponde estrictamente a la contraprestación por el servicio que él brinda, y no representa una dádiva de la administración pública.

Un claro ejemplo es el caso del congresista Edgard Reymundo Mercado, quien ha sido alcalde en la década de 1980 y fue congresista entre 2006 y 2011. En 2021, fue elegido nuevamente como legislador, esta vez por el partido Juntos por el Perú.

Actualmente, su sueldo como Padre de la patria es de unos 25.000 soles al mes. Sin embargo, él, como jubilado de la cédula viva, recibe más de S/7.000 de pensión al mes. Sin ir más lejos, esta cantidad permitiría pagarle al menos a 14 asegurados de la ONP.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que permite ambos pagos, en diciembre de 2022, el Estado desembolsó más, de 58.000 soles a la cuenta de Reymundo tras tener suspendida su pensión por cinco meses.

«Son derechos pensionables de carácter irrenunciable y que en ese sentido está vigente esa norma, hay una sentencia del Tribunal Constitucional», dijo Reymundo a este medio.

Para Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico, la Ley 20530 estaba mal diseñada «en un país donde hay tanta escasez».

«El régimen 20530 [Cédula viva] era injusto, estaba mal pensado, pero probablemente lo que habrá que hacer es dejar que ‘muera’ y simplemente ir hacia regímenes que no sean de reparto como son estos, sino cuentas individuales donde cada uno va ahorrando su plata y recibe un pago en función a lo que ahorró».

Una reflexión que comparte el legislador Álex Flores (ex Perú Libre), quien considera que «hay que corregir este sistema».

«Es totalmente injusto, es hora de corregir desde el Congreso de la República y ver un sistema pensionario que sea integral, donde no haya estas diferencias… Efectivamente, puede ser legal, pero no es legítimo, no es ético, ni moral. En un país donde hay tanta necesidad, donde hay tantas injusticias, creo que no es ético… El congresista que está recibiendo un sueldo no tiene por qué recibir esta pensión… Este tipo de distorsiones se tiene que corregir en el sistema pensionario», señaló.

Por otro lado, hay parlamentarios como Jorge Montoya, de Renovación Popular, y Lady Camones, de Alianza para el Progreso, quienes señalaron que, si la ley lo avala, no debería existir ningún problema.

«Si hay una ley que respalda la asignación de esas pensiones, solo nos queda cumplir. Ya un derecho una vez adquirido, es difícil que con otra ley tú lo puedas restringir. Lo que sí es que, a futuro, deberíamos evitar eso, porque las funciones congresales deben cumplirse», comentó Camones.

El economista Castellanos respalda esta postura. «Creo que es una ley que estuvo mal diseñada en un país donde hay tanta escasez y donde, pues, no guarda una proporcionalidad versus los otros regímenes, pero está hecha así y creo que legalmente complicado a una persona con derechos adquiridos simplemente quitarle esto», sostuvo.

Incluso, frente a esta problemática, la presidenta Dina Boluarte anunció el incremento de las pensiones que reciben los jubilados de la ONP. Con esta propuesta, la pensión mínima para los jubilados del Decreto Ley 19990, pasarán de S/500 a S/600. Además, se contempla un aumento proporcional para aquellos que reciben diferentes cantidades dentro de este sistema.

A pesar de los persistentes intentos por despojar de sus beneficios a la Cédula viva en el Congreso, es innegable la distancia que separa a los legisladores de la realidad que enfrentan más de 600.000 jubilados en todo el país, quienes sobreviven con pensiones que apenas les permiten subsistir.