Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones el dictamen que propone la eliminación exprés de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que sea reemplazada por la Escuela Nacional de la Magistratura. Además, otra entidad que desaparecería sería la Academia de la Magistratura (AMAG) y se crearía el Consejo de Coordinación Interinstitucional del sistema de justicia. Tras este paso, la propuesta será elevada al Pleno para que sea votada otra vez si procede o no.
«Publicada la presente reforma constitucional concluyen las funciones de la Junta Nacional de Justicia y de la Academia de la Magistratura, encargándose la Contraloría General de la República, durante el proceso de transferencia, de cautelar el acervo documentario y administrativo de ambas instituciones y de supervisar su transición hacia la Escuela Nacional de la Magistratura, debiendo dictar al efecto las disposiciones administrativas correspondientes», dice el documento al que Latina Noticias accedió.
La propuesta ―que buscaría reemplazar inmediatamente a la AMAG y la JNJ que se encargan de formar, capacitar, nombrar, evaluar, ratificar, destituir y sancionar a los jueces y fiscales del Perú nació a solicitud de la congresista Gladys Echaíz, de la bancada de Renovación Popular― contempla cambiar hasta 15 artículos de la Constitución Política.
«La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley», agrega.
Además, la nueva institución se encargará de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público de oposición y méritos y de un periodo de especialización e inducción.
Los integrantes de la Escuela Nacional de la Magistratura sería tres personas que entrarían sin un concurso público. Estos serían un juez supremo titular en actividad o cesante elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal supremo titular en actividad o cesante elegido por la Junta de Fiscales Supremos, y un exrector de las universidades nacionales públicas y privadas, licenciadas y con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus rectores en ejercicio en un proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
«Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por cinco años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. En la misma oportunidad se eligen a los miembros suplentes. El Consejo Directivo elige a su presidente ejecutivo por un periodo de dos años, prorrogable por un año adicional, quien ejerce la titularidad y la conducción ejecutiva de la escuela», se lee en la propuesta.
De otro lado, señalan que los miembros del Consejo Directivo ejercen el cargo solo hasta que culmine el periodo para el que fueron elegidos. Gozan también de los mismos beneficios, derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los jueces supremos.
«Su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria en otra entidad. Pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Senado del Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros», se menciona.
Por otro lado, en el predictamen de la Comisión de Constitución también se tiene previsto la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional del sistema de justicia que sería encabezado por el presidente del Poder Judicial.
Además, el fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura, los jefes de las Autoridades de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público integrarían esta entidad.
De otro lado, el Ejecutivo tendría cupos porque los ministros de Economía y Justicia serían parte.
«El Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia es el espacio de coordinación de las políticas públicas en materia de administración de justicia. Su funcionamiento se regula por ley orgánica», se lee en la propuesta.
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