Por Rodrigo Chillitupa / @RodrigoCT_94
De cara al periodo legislativo 2024-2025, uno de los grupos de trabajo más esperados es, sin duda, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, que ha sido objeto de diversos cuestionamientos por polémicas decisiones sobre casos resonantes.
La Comisión de Ética es la encargada de observar si los congresistas cumplen sus funciones y no infringen las reglas de conducta que deberían tener de acuerdo a su investidura que están enmarcados en el Código de Ética Parlamentario.
Desde su creación el 20 de julio de 2002, se estableció que este grupo podía imponer cuatro tipo de sanciones para los parlamentarios que cometían indisciplinas. Estos eran recomendación pública, amonestación escrita pública, amonestación escrita pública con multa, y recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta 120 días de legislatura.
Actualmente cuenta con 17 integrantes y su naturaleza parlamentaria se diferencia de las comisiones ordinarias, especiales y de investigación, que existen de acuerdo al artículo 35° del Reglamento del Congreso.
A lo largo de estos 22 años de funcionamiento, los informes de la Comisión de Ética que llegaron al Pleno lograron ser aprobados y traducirse en sanciones en 32 casos.
En el periodo 2006-2011, 11 congresistas fueron suspendidos. En tanto, en el 2011-2016 se registró la misma cifra. Entre el 2016 y 2019 hubo 6 sancionados.
Por su parte, del 2020 al 2021 hubo un sancionado. Finalmente, desde el 2021 hasta la fecha se suspendió a tres ‘padres de la patria’.
Entre los exparlamentarios más recordados por sus sanciones se encuentran Michael Urtecho, quien fue el primer ‘mochasueldo’. Él fue suspendido 120 días y después terminó desaforado para ser condenado a 22 años y cinco meses de prisión por favorecerse de los salarios de sus trabajadores.
Ejemplo que se asemeja a los reportados por Punto Final en el último año en el actual Parlamento. Nos referimos a los llamados ‘mochasueldos’ que fueron evidenciados en diferentes reportajes, pero que no recibieron una sanción.
Rosío Torres de Alianza para el Progreso obtuvo una amonestación pública escrita a pesar de que había un pedido de 120 días para que sea suspendida. Similar castigo también recibió su colega de bancada, Magaly Ruiz.
Por su parte, los legisladores Edgar Tello y José Arriola, ambos integrantes en la actualidad de Podemos Perú, también se salvaron de ser sancionados porque solo recibieron una amonestación.
La única parlamentaria suspendida por 120 días fue María Cordero Jon Tay, quien a la postre terminó desaforada en marzo de este año.
Recientemente se denunció que María Aguero, de Perú Libre, también recortaba el salario a sus trabajadores, pero su caso aún resulta una incógnita de cómo se procederá con la nueva Comisión de Ética.
A raíz de los ‘blindajes’ que se han podido observar en el último año, bajo la gestión de Diego Bazán, con congresistas acusados de ‘mochasueldos’ y por protagonizar escándalos mediáticos, algunos especialistas como el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, plantean la eliminación de la Comisión de Ética.
«Las sanciones no han sido de las más ejemplares. Entonces, no tiene sentido que exista un órgano que no haya cumplido eficazmente su rol. El reglamento de Ética es muy claro: cualquier acto de algún congresista que vaya contra la imagen del Congreso se convierte en un acto de carácter ético que debe tener una sanción», refirió a Latina Noticias.
Además, Cevasco recordó cómo era antes el proceso para sancionar a un parlamentario ante alguna falta que cometía. Anotó que los plazos eran cortos y los castigos resultaban efectivos.
«Lo que hacía la Mesa Directiva era proponer al Pleno del Congreso un grupo de tres congresistas. Y el Pleno le otorgaba un plazo a esos tres congresistas para que en una semana, 72 horas o dependiendo de la gravedad de la falta, proponga al Pleno un informe y una propuesta de sanción», anotó.
Otra postura contraria a la eliminación de la Comisión de Ética tiene Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional, quien indicó que este grupo no debería dejar de existir y, en todo caso, tendría que ser reformado a partir de la integración de expertos independientes que sean los que analicen las sanciones a los congresistas.
«La idea de recurrir a personas externas, ya sean antiguos parlamentarios o expertos en la materia, tiene sentido porque saca del día a día del Congreso el tema y lo lleva a una decisión técnica basada en criterios objetivos, da mayor transparencia a la función congresal y garantiza también que la ciudadanía tenga mayor confianza», anotó.
Medina enfatizó debería existir una voluntad política desde el mismo Congreso para que haya este cambio en Ética.
«Los propios congresistas deberían entender que el Congreso necesita acercarse a la gente y dar signos de credibilidad. Y uno de estos signos podría ser efectivamente pasar todos estos temas de inconductas a una comisión externa que pueda con mayor distancia evaluarlos», mencionó.
En medio de una alta desaprobación de la imagen del Congreso, según las últimas encuestas, la posibilidad de que haya un cambio en la Comisión de Ética quedará en manos de los parlamentarios que la integren en el periodo 2024-2025.
Las decisiones que tomen estarán bajo el escrutinio de la opinión pública, que verá si cumplen a cabalidad o no con sus funciones.
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