Congreso bicameral: 25 senadores y 40 diputados registran procesos judiciales y sentencias por diversos delitos
La Unidad de Investigación de Latina Noticias revisó los antecedentes judiciales de los 195 representantes que integrarán el nuevo Congreso bicameral y encontró que 65 de ellos registran investigaciones o procesos judiciales. Se trata de 25 senadores y 40 diputados vinculados a presuntos delitos como lavado de activos, peculado, organización criminal, estafa, contrabando, usurpación y violencia, entre otros.
El análisis comprende a las nuevas autoridades que recibieron sus credenciales para el periodo 2026-2031 y evidencia que varios partidos llegarán al Parlamento con legisladores que afrontan investigaciones fiscales o han tenido sentencias judiciales.
25 SENADORES BAJO INVESTIGACIÓN
Entre los 60 senadores electos, la investigación identificó 25 con investigaciones en curso.
En Fuerza Popular figuran Miguel Torres, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Marco Miyashiro, Jacques Rodrich, Elard Melgar, Juan Carlos del Águila, Víctor Noriega y Jorge Velásquez, quienes afrontan investigaciones por presuntos delitos que incluyen lavado de activos, peculado, concusión, organización criminal, alteración del ambiente y delitos contra el sufragio.
También registran investigaciones Rafael López Aliaga y Katherine Ampuero (Renovación Popular); Jorge Gavidia, Juver Flores y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno); Alfonso López Chau (Ahora Nación); y representantes de Juntos por el Perú, entre otros.
40 DIPUTADOS TAMBIÉN REGISTRAN INVESTIGACIONES
Entre los investigados figuran representantes de diversas bancadas. En Fuerza Popular aparecen, entre otros, Cecilia Chacón, Pier Figari, Karina Beteta y Carmela Paucará, investigados por presuntos delitos como alteración del ambiente, negociación incompatible, lavado de activos y peculado.
También registran investigaciones congresistas de Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y otras agrupaciones.
Algunos de los casos más relevantes del nuevo Parlamento. El diputado Edgar Alvarón de la Cruz, de Partido Cívico Obras, registra ocho investigaciones por presuntos delitos que incluyen peculado, concusión, cohecho, negociación incompatible y conducción en estado de ebriedad.
Otro de los casos corresponde a Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, quien continúa siendo investigada por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible en el denominado caso Anguía, relacionado con un supuesto favorecimiento irregular en licitaciones públicas.
Asimismo, la investigación encontró legisladores con sentencias previas, como Segundo Ticllia Rafael, condenado en 2022 a cuatro años de prisión suspendida por hurto agravado, y Dina Hancco, sentenciada en 2017 a tres años y seis meses de prisión suspendida por contrabando.
¿QUÉ RESPONDIERON LOS CONGRESISTAS ELECTOS?
Algunos congresistas rechazaron tener procesos vigentes y aseguraron que los casos fueron archivados o ya concluyeron. Otros señalaron que las investigaciones aún se encuentran en trámite y recordaron que no existe una sentencia firme en su contra.
El diputado Jaime Abensur, por ejemplo, afirmó que la investigación por presunto plagio fue archivada y precisó que la carpeta fiscal que actualmente afronta responde a otro caso.
Por su parte, Arturo Eusebio Padilla confirmó que es investigado por presunto peculado, aunque sostuvo que el caso está relacionado con el uso del centro recreacional Huampaní.
En tanto, el senador electo Jorge Gavidia, investigado por presunta estafa agravada, evitó profundizar sobre el caso y señaló que ya había brindado explicaciones anteriormente.
Otros legisladores, como Estalisnao Mancha y María Candelaria Ramos, negaron recordar o tener investigaciones vigentes pese a los registros revisados por este equipo periodístico.
UN NUEVO PARLAMENTO BAJO LA LUPA
Para el abogado Roberto Benavides, los partidos políticos no pueden alegar desconocimiento sobre los antecedentes de sus candidatos, ya que durante el proceso electoral existieron mecanismos para verificar esa información.
Con este panorama, el nuevo Congreso bicameral iniciará funciones con decenas de legisladores que deberán ejercer tareas de representación, legislación y fiscalización mientras varios de ellos continúan afrontando investigaciones o cargan con antecedentes judiciales.