Congreso elimina lenguaje inclusivo de textos escolares y documentos públicos

En una decisión que ha generado controversia y debate, el pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley que elimina el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos. La iniciativa, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), recibió el respaldo con 73 votos a favor, 11 en contra y 17 abstenciones.

La aprobación de esta nueva ley modifica el artículo 4 de la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la cual establecía la obligatoriedad de incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones y documentos públicos.

“Nuestro país ha obtenido uno de los peores resultados dentro del ranking de la evaluación PISA y este mal uso del lenguaje lo que hace es generar mayor retraso en la formación de nuestra niñez y adolescencia”, dijo Jauregui.

¿QUÉ IMPLICA ESTA DECISIÓN?

Esta medida implica que el lenguaje inclusivo, definido como el conjunto de estrategias para visibilizar la igualdad de género en el lenguaje, dejará de ser utilizado en libros de texto, comunicados oficiales y demás documentos elaborados por entidades públicas. La norma busca, según sus proponentes, «optimizar la comunicación y evitar dificultades en la comprensión lectora» que, a su juicio, podría generar el desdoblamiento del género en el lenguaje.

Los defensores de la eliminación del lenguaje inclusivo argumentan que este genera confusión y distorsión en el idioma, además de dificultar la comprensión lectora, especialmente en los estudiantes. Asimismo, señalan que la Real Academia Española (RAE) no avala el uso de este tipo de lenguaje.

Por otro lado, quienes respaldan el lenguaje inclusivo sostienen que este es una herramienta necesaria para visibilizar la presencia de las mujeres y otros grupos minoritarios en la sociedad, combatiendo la discriminación y fomentando la igualdad de género.

Con la ratificación por parte del Congreso, se espera que el Ministerio de Educación y demás entidades públicas inicien el proceso de adaptación a la nueva normativa, reescribiendo los textos escolares y documentos afectados.

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