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El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, hermano del prógufo Vladimir Cerrón, ha presentado un proyecto de ley para que se pueda crear una nueva comisión que supervise la función de los fiscales y jueces a nivel nacional. Su propuesta cuenta con el respaldo de otros colegas de su bancada en Perú Libre.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, Cerrón Rojas sustenta que debe existir este grupo de trabajo debido a la percepción negativa que se tiene del Poder Judicial de acuerdo a una reciente encuesta de la empresa Datum que el 85 % de los peruanos no confía en esta institución.

En relación a la Fiscalía, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón agrega que el 73% de los peruanos, de acuerdo a Datum, crítica su actuación porque recibiría presuntos sobornos, sus investigaciones toman mucho tiempo, sus integrantes se juntan con políticos para tener poder, y existe falta de justicia o imparcialidad.

«Los legisladores son los únicos representantes directos de la sociedad que pueden trasladarse a nivel nacional, sin restricción alguna y entrar en contacto directo de los mismos y de esa se cumple con la satisfacción de uno de los elementos del Estado, a diferencia de los jueces y fiscales quienes se encuentran sujeto a la a un determinado espacio jurisdiccional. Por tanto, es completamente lícito crear una comisión ordinaria de fiscalización de los jueces y fiscales», se menciona.

Cabe recordar que Waldemar Cerrón viene siendo investigado por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal a raíz de los aportes irregulares que se dieron al partido Perú Libre durante la campaña electoral del 2021. En este asunto también se encuentra comprendido su hermano, Vladimir Cerrón, y la presidenta de la República, Dina Boluarte.

PERÚ LIBRE PERSIGUE A FISCALES

En la legislatura pasada, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, bajo el mando de Perú Libre, aprobó un dictamen que propone tipificar como “faltas muy graves” para jueces y fiscales “generar” detenciones “arbitrarias”, sean estas detenciones preliminares, prisiones preventivas o sentencias condenatorias.

“Las multas impuestas a las autoridades judiciales, fiscales, policiales o administrativas se calculan multiplicando el tiempo de privación de libertad, equivalente al 10 % de la remuneración mensual bruta, por cada día de detención. La multa es asumida en partes iguales entre el denunciante, si lo hubiera, y la autoridad que incurrió en el error o que autorizó la detención”, se anotó en la propuesta.

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