La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha solicitado la Corte Suprema que la Policía Nacional del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas proporcionen información clasificada dentro de las investigaciones que se siguen sobre las muertes y lesiones ocurridas en las protestas sociales que se realizaron a partir del 7 de diciembre de 2022.
Latina Noticias accedió al requerimiento del pasado 24 de julio al titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, relacionadas con las dos carpetas fiscales que acumularon las denuncias sobre los incidentes.
En total, la fiscalía ha registrado 41 muertos y más de 199 heridos en las protestas sociales ocurridas en Andahuaylas (6 fallecidos y más de 30 heridos), La Libertad (1 fallecido), Arequipa (2 fallecidos), Junín (3 fallecidos), Ayacucho (10 fallecidos y más de 53 heridos), Puno (17 fallecidos y 73 heridos), Cusco (2 fallecidos) y Lima (1 fallecido).
Además de la policía y el comando conjunto, el documento de la fiscal Benavides incluye a la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; Pedro Miguel Angulo Arana, quien por entonces era presidente del Consejo de Ministros; a Luis Alberto Otárola Peñaranda, entonces ministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros; a César Augusto Cervantes Cárdenas, otrora ministro del Interior; a Víctor Eduardo Rojas Herrera, entonces ministro del Interior; y a Jorge Luis Chávez Cresta, en su condición de ministro de Defensa.
Para todos ellos, la fiscalía ha iniciado diligencias preliminares por los delitos contra la Humanidad, genocidio; y, contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves.
Según se lee en el documento de solicitud de la fiscalía, el 23 de mayo pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, negó, aduciendo el carácter de “reservado” y “secreto”, el pedido de información relacionada con planes de operaciones elaborados por el Ministerio de Defensa para contrarrestar las manifestaciones sociales suscitadas durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Similar fue la respuesta del premier cuando el Ministerio Público solicitó los planes de operaciones del Ministerio del Interior en las mismas fechas.
En concreto, la fiscalía solicitó los planes de operaciones para el control de las siguientes manifestaciones sociales:
● De los días 10 y 12 de diciembre de 2022, en el departamento de Apurímac.
● Del día 12 de diciembre de 2022, en el departamento de La Libertad.
● Del 13 de diciembre de 2022, en el departamento de Junín.
● Del día 15 de diciembre de 2022, en el departamento de Ayacucho.
● De los días 12 y 19 de diciembre de 2022, en el departamento de Arequipa.
● Del 09 de enero de 2023, en el departamento de Puno.
Una serie de declaraciones de altos mandos policiales y militares ha revelado pasajes sobre las decisiones que se tomaron en las protestas y que son el principal cuestionamiento contra la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.
En julio pasado, Luis Jesús Flores Solís, jefe del Frente Policial de Apurímac, respondió, al ser preguntado si elaboró u ordenó elaborar alguna orden de operaciones para restaurar la tranquilidad pública en la región de Apurímac: “Sí, efectivamente, todo eso en un plan de operaciones general, dispuesto por el comandante general del Perú. Se dispuso la orden y hojas complementarias, conforme iban sucediendo los hechos”.
Además, explicó en qué consiste un plan de operaciones: “Es un documento por excelencia que se realiza de acuerdo a las circunstancias y para realizar acciones policiales, actividades operativas en un determinado lugar y tiempo, en este caso nosotros formulamos el Plan de operaciones, denominado: ‘Restablecimiento del orden público en Apurímac’, esto obedece a un Plan general de operaciones dispuesto por el comando de la Policía Nacional”.
Otros consultados fueron Alberto Miguel Rojas Méndez, Braulio Alfredo Jiménez Mango, Vladimir Andrés Ramos Guzmán, Colín Macleod Sim Galván, Manuel Jesús Martín Gómez De la Torre, Augusto Javier Ríos Tiravanti y Sergio Cristian Ortiz Galván. En concreto, ellos indicaron que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas tenían planes de operaciones para responder a las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en Perú a partir del 7 de diciembre de 2022.
Estos planes de operaciones incluían disposiciones para el uso de la fuerza, y los testigos han declarado que la fuerza se utilizó de acuerdo con las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 1186.
En el documento enviado a la Corte Suprema, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó que se convoque a una audiencia para debatir los fundamentos precisados en el requerimiento, “a efectos que se puedan develar los documentos e información requeridos”.
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