La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) decidió de manera definitiva archivar la denuncia constitucional contra la Presidenta del Perú, Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.
Estos lamentables decesos se registraron en las manifestaciones violentas a fines de 2022 e inicios de 2023, acciones que se desataron tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.
Por su parte, la Fiscalía interrogó a Dina Boluarte para investigar si ella ordenó el ataque contra los manifestantes; sin embargo, la jefa de Estado negó dichas acusaciones.
De acuerdo al informe emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante las protestas en cuestión también se registraron actos de violencia contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura pública.
El informe subraya la vigencia del estado de emergencia decretado en ese período debido a las manifestaciones y el marco legal que regula la actuación de la Poli.
Dado que no se demostró un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes ni se obtuvo reconocimiento de responsabilidad por parte de los investigados, la Subcomisión asumió que la denuncia era improcedente y, por lo tanto, fue archivada.
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