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La Fiscalía de la Nación presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se deroguen los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611 que le restarían competencias para investigar un delito y consolidaría el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El primer dispositivo legal está referido al accionar de la PNP en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas al investigar este delito en todas sus manifestaciones al igual que el Ministerio Público. En esa línea, se le facultaba a la institución policial realizar operaciones o intervenciones en la ruta a los puertos, aeropuertos o en espacios no considerados zona primaria.

El segundo decreto consistía en que la PNP «podía asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal». En el tercer dispositivo añade la modificación de 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal para que la policía realice diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia.

Finalmente, el último decreto plantea que la PNP asuma la conducción de la investigación desde su inicio y controla jurídicamente la investigación sobre el delito de extorsión y delitos conexos. 

CUESTIONÓ AL EJECUTIVO Y CONGRESO

Antes de la demanda de inconstitucionalidad, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, cuestionó al Gobierno y al Congreso de promover las mencionadas iniciativas legislativas para vulnerar las competencias que tiene la institución que lidera desde diciembre del año pasado.

“El Ejecutivo y Legislativo han promovido y dictado diversas normas que vulneran nuestras funciones constitucionales, sobre todo por ser conductores de la investigación del delito desde un inicio. Pero, además, normas que buscan nuestra forzada reorganización institucional con clara intención de afectar el estado de derecho, la institucionalidad y la verdadera democracia”, anotó.

Villena manifestó que tomaron la decisión de ir al TC luego que una comisión liderada por el fiscal supremo Alcides Chinchay realizó un análisis riguroso durante cuatro meses de los decretos que se emitieron.

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