Este jueves 17 de agosto se detuvo a dos presuntos asesores del congresista Guillermo Bermejo. Junto a otros 12 miembros más, integrarían la red ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, encargados de conseguir presupuestos estatales y colocar a las empresas ganadoras en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con la finalidad de que se beneficien mediante obras en la zona norte del Perú.
“Que se investiga sin especular y sin malicia, y si alguien ha cometido un acto irregular o irresponsable tomando el nombre de mi despacho, que toda la contundencia y ley caigan sobre estas personas. Conozco a Yul Valdivia como dirigente”, precisó Bermejo Rojas para Latina Noticias Digital.
En efecto, para el parlamentario, estas diligencias se tratarían de persecuciones políticas. Incluso, rechazó tener algún vínculo laboral con el detenido Yul Valdivia, alegando que únicamente lo conoce por ser un dirigente social. Además, retó al Ministerio Público a demostrar que el mencionado sea o haya sido asesor suyo.
“Eso es mentira, reto a la Fiscalía que demuestre que el señor Yul Valdivia sea asesor mío. Ustedes pueden revisar tranquilamente el organigrama de mi despacho. Además, si comprueban la acusación fiscal, acusan a este señor Valdivia y reconocen que no trabaja en mi despacho”, apuntó.
“Sobre el actuar de la Fiscalía, es una persecución política. A nosotros nos viene persiguiendo, y en el gobierno de Dina Boluarte nos volvieron a abrir el caso. Esto, después de haber sido absuelto dos veces por dos salas penales por unanimidad”, agregó.
Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta se desempeñan como asesores del cuestionado parlamentario. Mientras que Jara ocupa el cargo de asesor, Valdivia sería un asesor externo de Bermejo. Su conexión habría quedado probada a través de audios en donde se hace pasar como trabajador del Congreso de la República, según una investigación de la Fiscalía.
El papel que ambos habrían desempeñado sería el de lobistas (intermediarios). Ellos condicionaban el otorgamiento de presupuesto hacia alcaldes del norte del país a cambio de llevarse un porcentaje de las obras próximas a ejecutarse. La acción del exdirector de la ARCC no habría sido posible sin una orden previa.
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