Actualmente, el Ejecutivo evalúa promulgar u observar la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia.
El debate sobre la detención preliminar en casos de no flagrancia ha cobrado protagonismo en los últimos días. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, aún no promulga ni observa la norma. La incertidumbre crece mientras el gobierno señala que continúa dentro de los plazos legales para tomar una decisión.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que el gobierno está evaluando el dictamen con las opiniones de los sectores involucrados. Según indicó en la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, se trata de un tema sensible que requiere un análisis exhaustivo para garantizar que la decisión final sea la más adecuada.
“Estamos dentro de los plazos legales y aguardamos las opiniones de los sectores concernidos. Si es necesario, ampliaremos las consultas para tomar una decisión informada. Este es un tema delicado y no queremos apresurarnos”, sostuvo Adrianzén el último miércoles 18 de diciembre.
El plazo de 15 días para decidir comenzó tras la recepción de la autógrafa. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al Ejecutivo a dar prioridad a esta norma, señalando la necesidad de corregir de inmediato un error que impacta directamente en la seguridad ciudadana y la labor del Ministerio Público.
La norma, aprobada en el Parlamento, fue fruto del consenso entre distintas bancadas, incluidas propuestas de Ruth Luque, Alejandro Muñante y María del Carmen Alva. Estas iniciativas buscaban revertir la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que había sido criticada por organismos como el Ministerio Público por su impacto negativo en las investigaciones.
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