El Congreso de la República seguirá adelante con su intención de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a que el Poder Judicial dispuso suspender el proceso abierto contra los siete magistrados. En contra de esta disposición judicial, el Pleno tiene en agenda este miércoles 8 de noviembre el debate y votación del informe que busca la remoción de los miembros de la JNJ.
La insistencia del Congreso por revisar el documento recae en la intención de cambiar al menos a tres de sus miembros. Con el fin de lograrlo, el Legislativo tiene programada una sesión plenaria las 2 de la tarde de este miércoles, donde inicialmente se esperaba a los siete jueces de la JNJ, pues debían ejercer su derecho a la defensa.
Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, presentó una serie de pedidos de investigación y denuncias constitucionales contra los magistrados, pues la parlamentaria sostiene que los integrantes de la JNJ cometieron faltas graves. Tras ello, el Congreso aprobó una investigación sumaria.
Sin embargo, el Congreso aprobó la Ley Orgánica de la JNJ en 2019 y nunca delimitó cuáles serían las causales de remoción. Por lo tanto, las razones por las que el parlamento decidiría destituir a los magistrados, sería en base a una interpretación de los propios legisladores sobre los hechos imputados.
La moción de la exintegrante de Chim Pum Callao sostiene 5 afirmaciones.
La primera tiene que ver con el pronunciamiento que emitió la JNJ el 23 de mayo. En ese entonces, el Congreso alistó la inhabilitación de la entonces fiscal suprema Zoraida Ávalos por no haber investigado a Pedro Castillo en el ejercicio de su mandato por actos de corrupción. Ávalos respondió que sí había investigado, pero tuvo que suspender el proceso porque la Constitución no permite acusar a un presidente en el ejercicio del poder.
La JNJ invocó al Congreso, mediante un comunicado, a reflexionar sobre esa decisión. La razón fue el peligro que implica al sistema judicial que una fiscal sea sometida a juicio político por no estar de acuerdo con su proceder en un caso. Para quienes promovieron la investigación, dicho pronunciamiento fue una «intromisión» sobre los actos del Congreso.
La segunda acusación de Chirinos es que los integrantes de la JNJ presionaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
La fuente para esta afirmación fue una nota difundida en el canal Willax. El 6 de julio, el presidente del PJ fue consultado por ello y respondió que a él «no lo presiona nadie».
El tercer punto de la moción presentada por Chirinos está enfocada en la edad de la magistrada Inés Tello, quien tiene más de 75 años. En ese marco, el exdefensor del Pueblo Walter Albán, señala que la ley solo prohíbe el ingreso de quienes superen esa edad, pero no su permanencia.
El cuarto apartado señala que la JNJ no reportó ante el Pleno, los informes anuales de gestión. Cabe resaltar que dicha institución comenzó funciones en 2019. Los dos años siguientes, era complicado acudir debido a la pandemia. Además, señalan que no fueron invitados al Pleno.
La quinta y última imputación refiere que, presuntamente, la JNJ habría filtrado información a un portal periodístico para un reportaje sobre el proceso disciplinario que afronta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El pasado 18 de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó dicho informe con 15 votos a favor, principalmente de congresistas pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y Avanza País.
Los parlamentarios que votaron a favor fueron: Martha Moyano, Jorge Morante, Patricia Juárez, Flavio Cruz, Américo Gonza, María Alva, Elvis Vergara, José Balcázar, Gladys Echaíz, Alejandro Muñante, Adriana Tudela, Norma Yarrow, Rosío Torres y Esdras Medina.
«No tiene valor jurídico». Estas fueron las palabras de Omar Cairo, constitucionalista y a la vez abogado de Inés Tello, una de las magistradas investigada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, tras la decisión parlamentaria de continuar el proceso.
Ante este panorama, que, según especialistas, es considerado un intento de atropello al sistema de justicia por parte del Congreso, la tarde del martes un recurso planteado por los magistrados involucrados fue resuelto por el Poder Judicial.
El recurso presentado por Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Rios, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán, era una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, en la que se solicitaba la extinción de toda medida que sea consecuencia del proceso de investigación sumaria contra los integrantes de la JNJ.
En el fallo de esta medida, el Poder Judicial dispuso la «suspensión provisional de los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada».
Tras la decisión, el pleno de la JNJ anunció que acataría la citada resolución y ya no participará en el proceso que se sigue en su contra para su destitución del cargo. Sin embargo, el Congreso hace caso omiso a la disposición judicial y se mantiene firme en sus decisión.
Después de la medida cautelar y el anuncio de los magistrados, el Congreso no ha desistido de sus intenciones de remover a los miembros de la JNJ. Los parlamentarios apelan a una decisión del Tribunal Constitucional emitida a inicios de años, con la que se le otorga total independencia al Poder Legislativo. Informaron que no tomarán en cuenta el fallo del Poder Judicial y continuarán con el debate y votación del informe en mayoría.
Sin embargo, en dicha resolución del Tribunal Constitucional, se contempla que el Poder Judicial solo puede interferir en casos en los que se vulneren los derechos, mismo motivo por el que los miembros de la JNJ presentaron la medida cautelar.
Al existir la decisión del TC en la que exime la independencia del Congreso en este caso específico, se daría lugar a un desacato a la autoridad si el Congreso decide seguir adelante con la destitución. Esto podría culminar en una denuncia en su contra, una vez terminado su mandato.
Si el Congreso de la República logra, de manera arbitraria, destituir a la Junta Nacional de Justicia, más adelante podría ocurrir lo mismo con el presidente y directorio del Banco Central Reserva, o con el Jurado Nacional de Elecciones y cualquier otra institución que le resulte ‘incómoda’.
El balance de poderes es un requisito indispensable en cualquier democracia. Por esta razón, no basta con que el Congreso de la República cuenta con la atribución y los votos suficientes. Es imprescindible que se respeten la independencia de poderes y los altos estándares que exige la Constitución para este tipo de procedimientos.
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