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El Ministerio Público amplió la investigación contra la excandidata la presidencia, Keiko Fujimori, dirigentes y el propio partido Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones generales de 2021.

El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la investigación a los excongresistas Luis Galarreta, Milagros Takayama, Karina Beteta, así como al también vocero del partido, Miguel Torres y a Lindman Miranda Zamalloa.

Además, también considera «útil y pertinente» tomar las declaraciones de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien elegirá el lugar para brindarlas. Asimismo, también se recabaran las declaraciones de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y Carmen Velarde, jefa nacional del Reniec.

En la acusación, se sostiene que Fujimori Higuchi, como presunta lideresa de la organización criminal, participó en dichos comicios e «instrumentalizó» a Fuerza Popular con fines económicos, a fin de obtener poder político.

«BUSCÓ OBTENER PODER HEGEMÓNICO»

«Buscó obtener poder hegemónico en el Poder Ejecutivo. Para ello, se alegó un supuesto «fraude» y que el ‘comunismo y/o socialismo’ no podría llegar al poder porque iba a expropiar todo, ergo, se debería «cuidar el voto’. De ese modo, se causó zozobra a la ciudadanía, especialmente al empresariado», mencionan.

El documento señala que el partido logró adquirir tasas para impugnar las actas electorales y las nulidades de las mesas de sufragio, en atención a su denuncia por un presunto fraude a favor de quien resultó ganador durante la segunda vuelta, Pedro Castillo.

«En concreto, el dinero ilícito objeto de lavado de activos que habría efectuado la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori es de S/ 1 309 770.00 soles, el mismo que se hizo ingresar al sistema financiero para la adquisición de diversas tasas con código 1139 y 1325 -derechos de trámite impugnatorios», se precisa.