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El congresista de Podemos Perú, Luis Picón, ha recuperado su libertad después de que el Poder Judicial decidiera levantar la orden de captura en su contra. Picón estaba siendo acusado de su presunta implicación en delitos contra la administración pública, bajo la modalidad de colusión y aprovechamiento de cargo.

La situación se complicó cuando la Procuraduría solicitó al Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Huánuco que se le declarara reo contumaz el 13 de octubre. Esta medida se debió a la ausencia del congresista en las citaciones judiciales, aunque es importante señalar que las sesiones se estaban llevando a cabo de manera virtual.

Luis Picón, en respuesta a las afirmaciones sobre los supuestos 22 procesos en su contra, aclaró que en realidad enfrenta entre seis y siete procesos. Alegó que, siendo una autoridad, cualquier persona puede presentar denuncias en su contra. No obstante, Picón afirmó: «Tengo la tranquilidad de que yo sí he trabajado por Huánuco».

El congresista se encontraba llevando a cabo actividades parlamentarias en la región de Cusco, específicamente en Urubamba y el Calca, cuando fue detenido. Argumentó que, en ese momento, no tenía acceso a conectividad, lo que le impidió participar en la tercera audiencia que tuvo lugar el viernes pasado. Su detención ocurrió mientras estaba en una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, seguida de una audiencia programada con el Ministro del Interior.

A pesar de que su detención tenía que ver con la acusación de la fiscalía que lo involucraba en valorizaciones ficticias de obras por más de S/ 86 millones, efectuadas durante su gestión como gobernador regional de Huánuco (2011-2014), el legislador lo descartó y recordó que no se halló perjuicio económico al Estado.

POR QUÉ LO INVESTIGAN

La denuncia penal presentada contra el expresidente regional Luis Raúl Picón Quedo y sus funcionarios que ejercieron cargos en la gestión entre 2011 y 2014 se basa en su participación en los procesos de selección realizados en los meses de noviembre y diciembre de 2014, donde se lanzaron 27 procesos de convocatoria que carecían de presupuesto adecuado, ascendiendo a la suma de más de 111 millones de soles cuando solo se disponía de 6 millones de soles, una cantidad que no cubría los costos de los procesos convocados.

La consecuencia de esta falta de presupuesto adecuado fue que los contratos que se suscribirían en el siguiente año fiscal (gestión 2015-2018) no pudieron ser materializados debido a la falta de recursos atribuible al Gobierno Regional de Huánuco. Como resultado, la entidad se vio obligada a indemnizar a las empresas contratistas por no poder suscribir contratos debido a la falta de presupuesto, incluyendo el «Consorcio San Antonio».

La denuncia resalta el ánimo doloso de los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco durante la gestión 2011-2014, ya que, sabiendo que no se contaba con el presupuesto adecuado, procedieron a lanzar 27 procesos de convocatoria.

La imputación penal específica recae en Luis Raúl Picón Quedo, quien se desempeñó como Presidente del Gobierno Regional de Huánuco. Se le atribuye la comisión del delito de Negociación Incompatible debido a su interés directo en la contratación del «Consorcio San Antonio» para la ejecución de la obra denominada «Instalación de los Servicios Educativos de la IEI N°621 CCPP San Juan de Porvenir – Distrito de José Crespo Castillo, Provincia de Leoncio Prado,» por un monto de: un millón ochocientos veintidós mil quinientos cincuenta y nueve con 74/100 soles. Picón aprobó un Programa Anual de Contratación (PAC) modificado con pleno conocimiento de que no se disponía del presupuesto total necesario para la ejecución de la obra.