Este miércoles 14 de febrero, el Poder Judicial, desde el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria – Corte Superior Nacional, evaluó la prisión preventiva solicitada para Carlos Revilla Loayza y otros investigados por el delito de agrupación Ilícita, en el marco del caso ‘Los Intocables de la Corrupción’. Sin embargo, el juez Miguel Armando Quevedo suspendió la audiencia para el viernes 16 de febrero a las 09.00 a. m.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva por el plazo de 36 meses para Carlos Revilla, Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte como parte de la investigación del caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, organización criminal que tendría como cabecilla al expresidente Martín Vizcarra.
José Quispe Changanaqui, fiscal miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, ha solicitado esta medida por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Alcides Villafuerte, exfuncionario de Provías Descentralizado (PDV), se acogió a la colaboración eficaz este miércoles 14 y entregó medio millón de soles en efectivo a la Fiscalía. Villafuerte se encontraba detenido desde el 30 de enero pasado.
En la audiencia, el fiscal a cargo, José Luis Quispe, explicó cómo los implicados: Elmer Trujillo, Carlos Revilla, Hugo Mario Misad, Elizabeth Ugarte y Martín Vizcarra se han mantenido en contacto desde antes de que este último asuma su rol como presidente de la República. Este lazo se habría mantenido hasta la actualidad, ya que Revilla recibió una llamada de Ugarte poco antes de su detención, según el registro de llamadas de su celular que fue incautado.
La tesis fiscal argumenta que todos ellos han ocupado puestos claves para hacer funcionar la organización criminal a través de tres modalidades: copamiento indebido del poder, lobbies ilícitos y contrataciones fraudulentas.
Quispe Changanaqui detalló que «Alcides Villafuerte respondía, coordinaba y direccionaba todo con Carlos Revilla, y este aseguraba de esta forma la etapa de otorgamiento de la buena pro, y con Elizabeth Ugarte aseguraba la etapa de suscripción del contrato».
Según el equipo que lidera la fiscal Marita Barreto, el exmandatario Martín Vizcarra encabezó la red criminal que habría estado operando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al más alto nivel a partir de marzo del 2018 hasta noviembre del 2020. Este círculo habría cobrado el 3.5% del valor de obras que se licitaran desde Provías Descentralizado.
En ese sentido, la organización habría obtenido más de 3 millones y medio de soles en coimas en los casos Tintay, Samegua y Pampas: tres contratos de Provías Descentralizado durante la gestión de Carlos Revilla como director ejecutivo.
El caso que investiga la Fiscalía involucran a dos obras en Apurímac. La primera es el asfaltado bicapa Antabamba-Aymaraes por más de 156 millones de soles ejecutado por el Consorcio Tintay y la segunda, el puente Pampas por 54 millones, ejecutado por el Consorcio Pampas.
La tesis fiscal detalla que dentro de estos sobornos para direccionar las obras, el Consorcio Tintay habría desembolsado 1 millón 800 mil soles, y el Consorcio Pampas entregó 800 mil soles. Todo este dinero fue llevado a Palacio de Gobierno en maletines y un portaplanos entre los años 2018 y 2019 por Carlos Revilla Loayza, cuando era jefe de Provías Descentralizado, esto según lo detallado por Karem Roca.
“Revilla coordinaría en primera línea con la cúpula del poder, que estaría compuesta por Martín Vizcarra, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, quienes habrían dado las directivas para los efectos de proceder al control de Provías Descentralizado con fines de promover los lobbies ilícitos en favor de intereses de la organización”, se lee en el documento de la tesis fiscal.
Para conocer más detalles de la organización criminal, la Fiscalía se está apoyando en los colaboradores eficaces. Por ejemplo, uno de ellos relató que para que Vizcarra no levante sospechas, Hugo Misad Trabucco se desempeñó como testaferro. Mientras que otro señaló que de las manos de Villafuerte recibía 50 mil soles para participar o integrar un comité de selección y la disposición era «cuidar» a las empresas.
Tras más de tres horas de audiencia, el juez Miguel Armando Quevedo suspendió la cita para el viernes 16 de febrero a las 09.00 a. m.
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