La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada presentó la resolución judicial con la orden de detención preliminar por el plazo de 10 días a partir del 14 de agosto de 2023, en contra de Robert López López y otros implicados en los presuntos grupos criminales «Los operadores de la Reconstrucción” y «Red Criminal en el Poder», estas últimas lideradas por Pedro Castillo Terrones.
La detención preliminar busca asegurar los actos preliminares de investigación, no se promueve la contradicción, por lo que se decide sin oír la otra parte. Luego de ejecutada, el afectado tendrá derecho a las razones de su detención mediante el fiscal o agente policial.
La detención preliminar tiene el objetivo de allanamiento con descerraje e incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones planteada por el Segundo Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. Dicho documento busca formular las diligencias preliminares contra Robert López López y los denominados “Los operadores de la reconstrucción” por los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros en agravio del Estado.
La Municipalidad de La Unión, ubicada en Piura, estuvo involucrada con esta lista de empresas asociadas a la ejecución de obras cuando Fernando Ipanaqué Mendoza asume el cargo de alcalde.
Los antecedentes sobre la presunta organización criminal señalan que “Los operadores de la Reconstrucción” eran liderados por el expresidente, José Pedro Castillo Terrones. Dedicada a la comisión de diferentes delitos, entre ellos contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal y otros.
Se detalla también la participación de investigados y altos funcionarios aforados que estarían integrados por los agentes de la municipalidad distrital de La Unión, en Piura, así como personas jurídicas.
Según el documento, se trataría de una presunta “macroorganización criminal enquistada en el poder” tendría como gesta después del 11 de abril de 2021, fecha en la que se dieron los resultados preliminares de las elecciones generales para presidente de la República, vicepresidente y congresistas.
Sobre “Los operadores de la reconstrucción”, según la información a la que accedió Latina Noticias, tendría como gesta de su programa criminal desde el 1 de enero del 2019, fecha en la que Fernando Ipanaqué Mendoza asume el cargo de alcalde de la Municipalidad de La Unión, Piura.
Ambos grupos criminales («Los operadores de la reconstrucción» y «Red criminal en el poder») gestaron un plan conforme a las siguientes directrices:
– Copamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
– Apoyo congresal para actos corruptivos mediante asesores en la sombra (Guillermo Bermejo Rojas y sus asesores, Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta).
– Actos colusorios de los operadores de la organización criminal para su ejecución.
– Direccionamiento y favorecimiento a personas jurídicas para la ejecución de obras, por parte de la Municipalidad de La Unión (Piura) a cambio de porcentajes de dinero ilícito.
– Disposición de las ganancias ilícitas por parte de “Los operadores de la reconstrucción” y por la megaorganización criminal enquistada en el poder.
Según la Corte de Justicia, los organizadores de la «macroorganización criminal enquistada en el poder» serían Alejandro Sánchez Sánchez, Guillermo Bermejo Rojas y Robert López López, quienes estarían bajo el liderazgo de Pedro Castillo Terrones.
Respecto a la organización criminal “Los operadores de la reconstrucción”, el líder o promotor que señala el documento es el exalcalde de La Unión (Piura), Fernando Ipanaqué Mendoza.
Por otra parte, en las pruebas obtenidas se obtuvo que el congresista Guillermo Bermejo Rojas estaría incluido en la recepción de coimas por cuatro obras que, en total, superan los 14 millones de soles.
Por otra parte, también se detallan 57’359.738,02 (más de 57 millones de soles) en obras destinadas al distrito de la Unión en Piura por los siguientes conceptos:
En conclusión, de los 10 procedimientos presentados bajo el marco normativo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, solo 9 de ellos corresponden al 2022, un monto que supera los 39 millones de soles destinados a la Municipalidad de La Unión para la recuperación y rehabilitación de instituciones educativas durante.
Finalmente, la fiscal impuso el mandato de detención preliminar judicial por el plazo máximo de 10 días contra 12 investigados por delitos como organización criminal, cohecho pasivo propio, lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada.
De manera concreta, la fiscalía comunicó que requiere la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones a todos los equipos involucrados que pudieron ser incautados a los investigados (sean personas naturales o jurídicas) o a terceros de las dos organizaciones criminales conocidas como “Red Criminal en el Poder”, liderada por Pedro Castillo y la pregunta organización “Los operadores la reconstrucción”, liderada por el exalcade de La Unión, en Piura.
Acerca de la imputación fáctica se desestima la investigación preliminar hacia Margory Pierina Goicochea Suelpres por el delito de lavado de activos. También se desestima en este caso la detención preliminar sobre Diahaira Pérez Villalobos por ausencia de pruebas.
Mario Felipe Jair Espinoza Vera es acusado de haber cometido los siguientes delitos: organización, cohecho pasivo propio, lavado de activos, en su condición de asesor III de la Dirección General de la ARCC y quien habría integrado la organización «Red Criminal en el Poder» que lideró Pedro Castillo Terrones.
Espinoza Vera se habría encargado de conocer los acuerdos colusorios del grupo criminal sobre los lugares donde se podría ingresar con el fin de obtener dinero ilícito a cambio de destinar presupuesto público a través de la ARCC a favor de las municipalidades que realicen actos corruptos, como fue el caso en La Unión.
Se concluye que Espinoza Vera participó en la conversión con el objetivo de destinar dinero obtenido producto de coimas relacionada a las obras ejecutados en la Municipalidad de La Unión. Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado habría adquirido bienes muebles e inmuebles con las ganancias ilícitas junto con Diahaira Pérez Villalobos.
El imputado habría facilitado la gestión colusoria a nombre de Robert Sánchez con más de 37 millones de soles corresponden al presupuesto total de 6 obras municipales para la recuperación, rehabilitación y mantenimiento en el distrito de La Unión (Piura).
Robert López López fue director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), se integró a la presunta organización criminal «Red Criminal en el Poder» liderada por Pedro Castillo desde inicios de 2022. Está acusado de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
Según el testimonio de Salatiel Marrufo Alcántara y un colaborador eficaz anónimo, López López habría cumplido un rol específico que coayudó a conseguir los objetivos criminales de la organización criminal para darle viabilidad de los experientes ante el MEF mediante el director en el sector de Educación de la ARCC, para autorizar las transferencias de las partidas presupuestales para el 2022 a favor de diversos gobiernos regionales y locales, pero en específico de la Municipalidad Distrital de la Unión (Piura). A cambio de este apoyo recibió grandes sumas de dinero en proporción al valor de cada obra.
Asimismo, se apunta que tendría una directiva expresa del expremier Anibal Torres de hacer fondos de dineros para los problemas judiciales del exmandatario Castillo y para el cobro que se le designó a Mario Felipe Jair Espinoza Torres como asesor III de la Dirección Ejecutivo de la ARCC.
También hay datos que lo vinculan a la red criminal denominada «Los operadores de la construcción», en la que concertó la ejecución del proyecto criminal a cambio de ganancias ilíticas que eran destinadas a seis obras presupuestadas, licitadas, entregadas en ejecución, pagadas pero no ejecutadas en el distrito de La Unión (Piura).
La investigación encontró evidencia en la que se aprecia operaciones de varios tipos respecto a las obras públicas gestionadas mediante la ARCC y ejecutadas en el distrito de La Unión (Piura).
Durante el período de vigencia de la supuesta red criminal, Robert López López hizo la compra de un inmueble valorizado en 415 mil dólares (marzo de 2022). Además de un vehículo marca HONDAS modelo CR-V 2022 valorizado en 40 mil dólares (agosto de 2022).
Jesús Alberto Acosta Martínez, en su condición de representante legal del Consorcio formado por Corporación Aires Minera y Construcción SAC, Lenus SAC. Peligro de fuga debido a que cuenta con los medios económicos y logísticos. Delito de colusión agravada, con una pena entre 6 a 15 años de prisión. Vinculado al presupuesto de 17.708.501.99 soles por la rehabilitación de la infraestructura de la I.E. La Unión. La empresa que obtuvo la licitación fue LENUS SAC y Corporación Aries Minería y Construcción SAC, representante en común Jesús Alberto Acosta Martínez.
Augusto Naquiche Yovera en su condición de representante legal de la Constructora San Sebastián Piura. Peligro de fuga. Delito de colusión agravada (extraneus) con una pena entre 6 a 15 años de prisión. Involucrado con las empresas: Consorcio Inicial 25 (constructora San Sebastían Piura y Negocios e Inversiones Arpisa EIRL). Consorcio Miguel Grau (HTYV Corporación Empresarial y Constructora Sebastián Piura SAC). N & N SAC. Se lo señala con más de 17 millones de soles en presupuesto por licitaciones
Jorge Luis Bernal Barranzuela en su condición de subgerente de obras de la municipalidad de La Unión. Delitos de organización criminal y colusión agravada. Peligro de fuga.
Joseph Luis Lombardi Lizano en su condición de subgerente de obras de la municipalidad de la Unión, integro presunta organización criminal “Los operadores de la reconstrucción” por los delitos de organización criminal y colusión agravada. Peligro de fuga.
Máximo Rolando Palacios Lazo en su condición de integrante del comité de selección. Delitos de organización criminal y colusión agravada. Peligro de fuga
Raúl Antonio Paulini Aguilar en su condición de gerente de desarrollo urbano de la municipalidad de La Unión, por integrar presunto grupo criminal “Los operadores de la reconstrucción”. Delitos imputados: organización criminal y colusión agravada.
Fernando Ipanaque Mendoza en su condición de alcalde de la Municipalidad de La Unión, lidera la presunta organización criminal “Los operadores de la reconstrucción”: Delito atribuido de colusión agravada, organización criminal.
Francisco Jaime Jara Aguirre en su condición de personal técnico del despacho congresal de Guillermo Bermejo Rojos como uno de sus hombres de confianza, es acusado por los delitos de organización criminal por integrarse a la presunta organización criminal «Red Criminal en el Poder» y tráficos de influencias (cómplice) cuando Robert López López fue su director general en la ARCC para la obtención de dinero ilícito que estaba destinado a la ejecución de obras públicas.
Según la Fiscalía, el acusado habría cumplido el rol de colaborador en la habilitación del presupuesto público para la ejecución de 4 obras de mantenimiento, rehabilitación y recuperación en la Municipalidad de La Unión, en Piura. El monto asignado superaría los 18 millones de soles.
Yul Osterlin Valdivio Beteta en su condición de persona natural por haberse presentado ante servidores y funcionarios públicos en calidad de asesor del congresista Guillermo Bermejo; e integrar el presunto grupo criminal «Red criminal en el poder». Acusado por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias (cómplice).
Yul Osterlin Valdivio habría visitado a distintos alcaldes del interior del país para conducirlos hasta el despacho congresal de Bermejo, entre ellos estaría Fernando Ipanaque Mendoza, líder de «Los operadores de la reconstrucción» y exalcalde del distrito de La Unión. Estos habrían coordinado desembolsos de dinero para obras con los funcionarios de la ARCC.
Participó en la habilitación del presupuesto público para la ejecución de 4 obras que superan los 18 millones de soles en La Unión.
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