El Ministerio Público informó que, desde el 2019 hasta fines del año pasado, cuentan con más de 7. 200 investigaciones por el delito de minería ilegal. Los mayores casos se encuentran ubicados en regiones como Madre de Dios (2.705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286).
“De los 7.200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria y otros en etapa de juzgamiento”, señaló el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno.
Chavarry añadió que hasta el momento lograron 285 sentencias condenatorias, de las cuales 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva.
Este trabajo se pudo complementar con las Fiscalías de Extinción de Dominio, que también aportaron para incautar los patrimonios generados por los mineros ilegales, quienes en su mayoría tienen excavadoras, volquetes y cargadores frontales.
Sin embargo, el fiscal Chávarry mencionó que los casos por minería ilegal también se complementan con otros como corrupción de funcionarios, lavado de activos y trata de personas.
A pesar de los resultados fiscales, la minería ilegal ha buscado nuevas formas para seguir cometiendo actos ilícitos. Todo esto ante la «pasividad» del Estado peruano.
“El Estado ha mantenido casi la misma tónica en la lucha contra la minería ilegal desde que se estableció el delito en el 2012. Los operativos, ingresar y tomar posesión de la zona, se han realizado de la misma manera, en tanto, el minero ilegal se maneja con mucha habilidad. El ilegal ya ha visto cómo es el ingreso de la Policía a la zonas, así ahora la actividad ilegal se realiza en zonas a las que la Policía no puede llegar o tiene problemas por falta de logística”, mencionó el fiscal Chavarry.
En esa línea, agregó que los mineros ilegales han recurrido a grupos militarizados o guerrilleros colombianos o brasileños para seguir operando con impunidad. Incluso, habrían gestado pactos con narcotraficantes.
El vocero del Ministerio Público mencionó que de todas las modalidades que hay de minería ilegal, la que resulta más beneficiosa para estos criminales es la aluvial, que se realiza a través de un chute -una suerte de cargador frontal- en un río que puede producir hasta 8 kilos de oro semanales en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios.
Esta situación del avance de la minería ilegal se podría agravar más luego de que el Congreso de la República aprobara el 13 de marzo pasado la derogación del Decreto Legislativo 1607. La primera votación fue de 79 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. Este resultado fue ratificado en una segunda instancia en la representación nacional.
Latina Noticias consultó con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien señaló que con la derogación del Decreto Legislativo 1607 va tener dos implicaciones muy puntuales: los mineros ilegales tendrán más facilidades para que realicen sus actividades criminales sin ningún tipo de sanción y tampoco tendrán la obligación de formalizarse de manera inmediata.
Además, el experto refirió que también se ha dejado sin efecto la disposición para que los mineros ilegales con inscripción suspendida puedan regularizar su situación ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Actualmente hay 87.146 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales solo el 21% tiene inscripción vigente y el 79% restante tiene sus inscripciones suspendidas. Este último grupo tenía un plazo para regularizar hasta el 20 de marzo próximo, pero se le ha extendido hasta diciembre próximo como lo exigían en diversas marchas.
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