El abogado especialista en derecho ambiental advierte que la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente, sino que está capturando territorios y estructuras del poder en el Perú.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció en contra del cambio de titularidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por sucesión.
La disposición precisa que la solicitud deberá ser presentada por una persona jurídica conformada solo por los herederos del fallecido.
Para Roque solo el 2% de las empresas que se registraron en el Reinfo no habrían continuado con el proceso de formalización.
En Pataz, región La Libertad, fueron asesinados 13 trabajadores mineros ligados a la mina Poderosa.
Las víctimas son naturales de la comunidad de Huayanacotas, provincia de La Unión, en Arequipa. Se tiene la tesis inicial de que habrían fallecido por inhalación de gases tóxicos.
El pasado 30 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que no tenían datos exactos sobre el secuestro de 13 mineros en Pataz.
Las víctimas secuestradas laboraban para la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, una de las principales productoras de oro de la región.
El 44% del oro ilegal en toda Sudamérica proviene del Perú y las operaciones suelen ser acompañadas por el deterioro ambiental en zonas de alta biodiversidad.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señala que los mineros ilegales se camuflan en las demandas legítimas de la población para así retrasar proyectos en regiones.
