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El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación que culmine la investigación preliminar contra la congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de su despacho parlamentario. Esta decisión se tomó luego de que el juez Juan Carlos Checkley declarara fundado el recurso presentado por la parlamentaria de Alianza Para el Progreso.

El recurso presentado también contemplaba que el Ministerio Público se pronuncie en un plazo máximo de 5 días, para determinar si se presenta una acusación constitucional en su contra en el Congreso de la República o no. La defensa de la congresista considera que su patrocinada no puede encontrarse en estado permanente de investigación de acuerdo al Código Procesal Penal: «Habiéndose cumplido la finalidad de la investigación preliminar el fiscal debe culminarla y decidir lo que corresponda, si archiva o abre una investigación preparatoria porque las diligencias preliminares no son un paralelo a las diligencias de la investigación preparatoria», señala la defensa de la congresista.

Cabe destacar que la Torres había cuestionado la ampliación de la investigación en su contra por 60 días más, aun cuando en agosto de ese año se declaró ‘compleja’ la investigación y se estableció un plazo de ocho meses. La decisión del Poder Judicial se basa en el derecho de los investigados a un proceso sin dilaciones indebidas, según lo establecido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A la congresista de Alianza para el progreso, Rosío Torres, se le investiga por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de su despacho parlamentario. La investigación se inició tras un reportaje de Punto Final y la Unidad de Investigación de Latina Noticias. En agosto del 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la parlamentaria. En ese momento, se estableció un plazo de ocho meses para el proceso.

Sin embargo, en diciembre de 2023, la Fiscalía amplió la investigación por 60 días más, lo que fue cuestionado por la defensa de la congresista, quien alegó que su patrocinada no puede encontrarse en estado permanente de investigación de acuerdo al Código Procesal Penal.

Según los periodistas de la Unidad de Investigación de Punto Final, la investigación nació a partir del dato sobre que el sobrino de la congresista ingresaba a su despacho varias veces y que él se encargaba de cobrar un “cupo” a los trabajadores.

¿Qué delito habría cometido la congresista Rosío Torres?

La Procuraduría General del Estado presentó denunció a Torres ante la Fiscal de la Nación por la presunta comisión del delito de concusión. Este delito se produce cuando un funcionario, abusando de su cargo, obliga a una persona a dar o prometer para sí o para otros un bien o beneficio patrimonial. La pena prevista va entre los dos y ocho años.

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