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En medio del pedido de revocatoria de la prisión preventiva que pesa sobre Nicanor Boluarte, la defensa del prófugo de la justicia argumentó que no existió comunicación alguna entre el hermano de la presidenta y José Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior del Mininter, implicado en el caso ‘Waykis en la Sombra’.

De acuerdo con el abogado, los nombramientos irregulares de prefectos y subprefectos que habría realizado Ortiz Marreros por presunta orden de Nicanor Boluarte no se habrían podido concretar sin algún tipo de comunicación entre ambos, por lo que sostuvo que no existen pruebas que corroboren dicho vínculo.

«Si existe comunicación entre mi patrocinado y el señor Ortiz Marreros -porque si supuestamente mi patrocinado lo ha hecho nombrar ilegalmente y luego ha hecho que designe un montón de prefectos y subprefectos, que a a luz de los hechos son casi 50 personas-, lo mínimo que tiene que existir es una comunicación entre ambos (…) En este caso no existe, no hay un solo mensaje», expresó Luis Vivanco, abogado del hermano de la mandataria, durante la audiencia realizada este lunes 6 de enero.

En ese sentido, el letrado señaló que no existen elementos de convicción para mantener la prisión preventiva que se impuso contra Boluarte Zegarra el pasado 19 de noviembre, por lo que su defendido debería afrontar las investigaciones en su contra en libertad.

«¿Cómo puede ser que se haya llevado a cabo a esta coordinación en términos ilegales si ni siquiera hay comunicación entre mi patrocinado y el señor Jorge Luis Ortiz Marreros? Entonces no se sostiene con ningún elemento de convicción», aseveró.

EVALÚAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA NICANOR BOLUARTE

Este lunes 6 de enero inició la audiencia donde se evalúa la continuidad de la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. La Quinta Sala Penal Apelaciones Nacional evalúa desde las 9 a. m. el futuro del hermano de la presidenta tras la solicitud de su defensa para anular la medida.

Como se sabe, Boluarte Zegarra es sindicado como el presunto líder de la organización criminal ‘Waykis en la Sombra’, que habría colocado personas en puestos clave en diversas entidades del Estado con el fin de conseguir fichas de afiliación y brindar aportes económicos a favor del partido Ciudadanos por el Perú y así lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

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