La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Además, se plantea que reciba una sanción de inhabilitación de 10 años de la función pública.
En el documento, la titular de la Comisión de Defensa alega que Sánchez debería ser sancionado por infringir los artículos 39, 139 y 159 de la Constitución Política al presuntamente influenciar en la suspensión de una diligencia realizada por el fiscal Rodrigo Rurush en las instalaciones del local del Instituto de Defensa Legal (IDL) el 9 de julio del 2018.
En esa ocasión, Rurush llegó a la sede del IDL, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para revisar los audios que involucraban a los miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que ahora es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que habían sido difundidos a través de su portal web.
Sin embargo, esta acción fiscal concluyó luego que Rurush indicará, en una declaración ante el Ministerio Público el año pasado, que recibió una llamada de Pablo Sánchez, quien le habría dicho que «suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias».
Y es que Rurush manifestó que el periodista y director del portal IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, llamó al fiscal Pablo Sánchez para informarle sobre la diligencia fiscal.
«La presunta actuación del exfiscal de la Nación, se enmarca dentro de la tipificación de delito de obstrucción de la justicia y merece ser objeto de una investigación. Toda vez que en palabras del fiscal Rurush, el ex fiscal de la Nación habría llamado exigiendo que suspenda la diligencia de exhibición de documentos en el Instituto de Defensa Legal, bajo la amenaza que de no hacerlo debería ‘abstenerse a las consecuencias'», enfatiza Chirinos.
La denuncia contra el fiscal Sánchez se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya presidencia está en manos de la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso).
Actualmente, la Fiscalía de la Nación, por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra Pablo Sánchez a raíz de las declaraciones ofrecidas por Jaime Villanueva.
Sánchez Velarde es indagado por presunto tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico al presuntamente intercambiar favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según Villanueva, Benavides le planteó a Sánchez que archive el caso de su hermana, la jueza Enma Benavides. En retribución, la extitular del Ministerio Público le iba a ordenar al fiscal Marco Huamán que ponga fin a la indagación que había del hijo de Sánchez que trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones.
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